He seguido con gran interés las noticias relativas a la forma como tres pequeños contratos de remodelación y pintura de instalaciones del Banco Nacional de Panamá (BNP) dieran origen a la inconcebible e inmoral transferencia de millones de dólares del banco del Estado panameño, con el aval del Órgano Judicial, a una empresa que estaba al borde de la quiebra.
Me llama positiva y poderosamente la atención la forma tan profesional como ha reaccionado el gerente del BNP, al punto de exponerse a una seria llamada de atención de la Corte, bajo el sustento de que las decisiones de este órgano son definitivas, inapelables y de forzoso cumplimiento.
El caso en mención, a pesar de no ser abogado, me llama la atención por los siguientes aspectos:
• Quienes como yo han tenido la experiencia de concursar para proyectos dentro del banco, podremos testificar que es una de las instituciones más exigentes para dar orden de proceder, y en todo momento presentan rigurosas especificaciones técnicas y modelos de contrato que deben regir la relación. Desde mi punto de vista, un contratista que hubiese fallado su cronograma de actividades, sin justificación alguna, en ningún lugar del mundo podría ganar un reclamo de este tipo, a no ser que de manera coordinada funcionarios del banco, en asocio con el contratista, no hubiesen sustentado adecuadamente las falencias de este. Por mi experiencia veo remoto perder esta etapa.
• Bajo qué argumentos se proyectan períodos futuros con utilidades para una empresa cuyos estados financieros previos reflejaban pérdidas reiterativas. Por qué razón dos de tres magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia sustentaron el alcance de la indemnización, ignorando el sesudo planteamiento del suplente de magistrado que salvó su voto. El hecho de que la referida sala tomara en cuenta los planteamientos de un auditor en representación del contratista, sin que el Estado tuviese una contraparte, incorpora más dudas a este caso.
• Para agregar más incertidumbre, ante el reclamo de una indemnización inicial por B/ 6.5 millones, la Corte decide establecerla en B/ 7.1 millones, es decir, B/ 0.6 millones más. Posteriormente, ante el reclamo del BNP, la Corte, como si fuera una tienda cualquiera, decide hacer un ajuste, sin justificación alguna, a B/ 5.3 millones.
• Posteriormente, como si se tratase de una batalla de la Dirección General de Ingresos (DGI) contra la Corte, se establece una serie de secuestros contra la empresa Urupan hasta la concurrencia de B/5.3 millones. Desafortunadamente, se extravían documentos y finalmente el Tribunal Tributario falla a favor de Urupan y decreta la prescripción de la acción penal fiscal ejercida por la DGI.
• En el período proyectado con utilidades, la empresa cierra operaciones y decide que los dineros de la indemnización producto de tan aberrante fallo sean cedidos a los familiares de los accionistas de la sociedad mencionada.
Quien no vea en este caso la mano oscura y peluda de la corrupción no tiene un átomo de malicia, de allí que respaldo la postura asumida por alguien que tiene cómo saber qué hacer en esa situación. La doctora Aura Emérita Guerra de Villalaz es de la tesis de que tribunales internacionales analicen este fallo contra el BNP, lo cual yo apoyo porque es la única forma de cerrarle el paso a la corrupción dentro del Órgano Judicial.
El autor es economista