Los invito a hacer un ejercicio. Pensemos por un momento que tenemos una Asamblea Nacional con la mayoría de los diputados comprometidos con la transparencia y esforzándose por buscar cómo trabajar por el desarrollo del país. Los invito a dejar el pesimismo y la ironía, y a acompañarme a soñar por minutos.
En la Comisión de Gobierno llamaron a unas mesas de trabajo para elaborar una nueva ley de contrataciones públicas. El objetivo es hacer una ley que garantice la equidad, transparencia, participación y agilidad en el proceso de contrataciones de bienes y servicios. El proyecto debe incluir la utilización de la mejor tecnología, buscando las mejores prácticas internacionales de aprovisionamiento y eliminando al máximo el uso del papel. La implementación de esta nueva ley estaría acompañada de capacitación a los funcionarios, proveedores y ciudadanos. Todos podremos dar seguimiento a los procesos de contratación del Estado, desde la definición de las necesidades hasta la cancelación de los contratos después de la entrega a satisfacción, en tiempo real y en web. Este marco legal se aplicaría a todos los procesos de contratación del Estado, incluyendo los medicamentos. Tratemos de pensar en el impacto que esto tendría en los costos de bienes y servicios, en los tiempos de entrega, en la reducción de inventarios, en la capacidad de contar con inventarios a tiempo, en la calidad del servicio que el Estado tiene el deber de brindarle al ciudadano.
Sigamos soñando. La Comisión de Presupuesto, con el apoyo de los mejores profesionales del ramo, inicia la discusión de una nueva ley de presupuesto. Este proyecto propone presentar presupuestos por lustro, divididos por año (se acabó la vigencia expirada), publicados en detalle desde el inicio, con todas las inversiones del Estado accesibles desde la página web, para que los ciudadanos puedan ver los planes de inversión del Gobierno y los proveedores prepararse para licitar con tiempo. Los balances del Estado se publicarían en tiempo real y se podrían comparar con el presupuesto para evaluar el desempeño de las entidades del Estado y tomar correctivos a tiempo.
Ya me quedé sin espacio y no hemos empezado a hablar de lo que estarían trabajando la Comisión de Salud, la de Educación, la de Transporte, la de Asuntos Agrícolas, la de Asuntos Municipales y la recién creada Comisión de Justicia, que en estos momentos estaría revisando la ley de carrera judicial, la asignación de presupuesto al Órgano Judicial y la ratificación de los próximos cinco magistrados.
Suena idealista pero no es imposible. Todo va a depender de la decisión que tomemos en mayo de 2019. No es solo #NoALaReelección. Tenemos la oportunidad de buscar a los mejores panameños para la Asamblea. Tomémonos el trabajo de investigar sus capacidades, trayectoria y compromiso con el país. De esta elección depende que sigamos escandalizándonos con las planillas y partidas circuitales (o como las vayan a llamar en el futuro), o que iniciemos un nuevo proyecto país, uno enfocado en el desarrollo, la equidad y el bienestar de todos los panameños nacidos y por nacer.
La autora es miembro de Movin