Definitivamente, en los últimos cinco lustros posinvasión, los sueños presidenciales de oligarcas y pro oligarcas se han convertido en la pesadilla del pueblo panameño. Todos los candidatos a la “silla de San Felipe”–una vez alcanzada– han resultado –simple y llanamente– unos depredadores del erario público e incompetentes administradores del Estado. Y, los aspirantes a la presidencia de la República para el próximo quinquenio, aparentemente, no serán la excepción.
En efecto, la veintena de precandidatos presidenciales que se conocen públicamente o cuyos deseos son comentados entre bastidores, en su conjunto pertenecen o tienen fuertes vínculos con la oligarquía neoliberal. Además, quienes ya han exteriorizado sus pretensiones se han dedicado única y exclusivamente a la descalificación política del actual mandatario, pero no han mostrado alguna propuesta para cambiar el rumbo de deterioro de la calidad de vida de la mayoría de los panameños, y menos presentado a la opinión pública una “agenda política” con visión de Estado.
Mientras esto ocurre en la superestructura política, en la real vida del panameño de a pie se agudizan las carencias de todo tipo, muchas de ellas de carácter estructural, sin que se haya puesto en el debate político una agenda nacional de los graves problemas que depauperan la vida diaria del pueblo en general.
Estos grandes problemas nacionales que no son objeto de la cavilación, y menos de la discusión pública de los presidenciales, son: la constituyente, la recolección y disposición de los desechos sólidos (basura), los recursos hídricos y el agua potable, la salud y la educación, la reforma constitucional del sistema de representantes de corregimiento, la desigualdad y la seguridad pública, entre otros.
La Constitución de 1972 y todos sus “parches” legislativos se han vuelto obsoletos y crean un valladar para el desarrollo de la democracia panameña. Pero, el actual gobernante ha dicho “que no es el momento” para realizar una transformación constitucional, y solo uno de los presidenciales se ha “comprometido”, públicamente, con la modificación de la Constitución.
La recolección y disposición de los desechos sólidos (basura) es un tema de seguridad nacional y de salud pública, además es un verdadero desastre en las cabeceras provinciales y de los principales centros urbanos del país, sobre todo, en el área metropolitana, sin importar el modelo público o privado que se haya aplicado.
En el mundo actual y en el futuro no muy lejano, el agua será el recurso más preciado de la tierra y objeto de rapiña y guerras, como ha sido el petróleo hasta nuestros días. Sin embargo, a pesar de tenerlo abundantemente, se despilfarra y es centro ya de la depredación comercial, peor aun, los gobiernos posinvasión han dado muestra de total indiferencia e incapacidad para atender este tema estratégico.
La salud y la educación caminan de la mano hacia el deterioro en los recientes 25 años. Urge constituir un sistema unificado de salud y una administración independiente estatal del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de carácter solidario. En el caso del sistema educativo apremia un diálogo nacional del que salga una transformación total de la educación para convertirla en una enseñanza científica, democrática y crítica, que promueva una formación del recurso humano para pensar y producir.
Dentro de las reformas constitucionales y legales a realizar, una de las más importantes es la del otrora “poder popular” o de representantes de corregimiento, con lo que, desde el acto constitucional de 1983, se institucionalizó el “caciquismo político”. Todo ello es necesario para empoderar realmente a las personas y a la comunidad en el proceso de descentralización pública.
El clientelismo político entronizado, más recientemente, con la venta de jamones (Naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario), no solo ha puesto de manifiesto el negociado con el precio de los jamones cuyo “valor” real es de $11.85 la unidad, pero que “supuestamente” se compraron a $21.90 y de cómo la fracción de la oligarquía varelista juega con la miseria humana de la población precarizada y cosificada. Sino, también, la gravedad de la desigualdad en la distribución de la riqueza nacional, de la falta de “empleos decentes”, y que el 30% de los desocupados del país son jóvenes de entre 19 y 24 años.
Finalmente, sin pretender que esta sea una agenda exhaustiva, la seguridad pública de las personas residentes en el territorio nacional demanda una política criminal que incluya un plan de seguridad pública y un plan de seguridad ciudadana, además de una profunda reforma constitucional del Órgano Judicial y del Ministerio Público.
La transformación de ambos entes de administración de derecho debe conllevar su independencia administrativa y económica y en el caso particular de la Procuraduría General de la Nación en la recuperación de la Dirección de Investigación Judicial, desacertadamente ubicada en el Órgano Ejecutivo bajo el “paraguas” de la Policía Nacional.
¡Así de simple es la cosa!
