PATRIMONIO ESTATAL

¿Bienes ocultos u ocultados?

Definitivamente, el sistema legal panameño ha sido, diseñado, estructurado y construido, para facilitar el libre despojo de los bienes nacionales, y la expropiación del patrimonio público por particulares, de manera impune. Recuperar un bien público, que ha sido objeto de apropiación indebida por particulares, con influencias políticas, o dinero, es una misión imposible, y por lo tanto una quimera.

De conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal, son bienes ocultos del Estado: los abandonados, u ocultos en su sentido material, bienes respecto de los cuales se haya hecho oscuro su carácter primitivo de propiedad nacional, sea por actos de maliciosa usurpación, por poco cuidado, negligencia(incuria) de las autoridades, o por otra causa semejante,

Aquellos bienes de propiedad del Estado que se encuentran ilícitamente en manos de particulares, sin que nadie lo sepa y aquellos que se encuentran en poder de particulares sin que hayan sido adquiridos legítimamente del Estado, tales como las tierras inadjudicables que hayan sido concedidas indebidamente y los demás bienes muebles o inmuebles del Estado que hayan adquirido ilegalmente los particulares también son considerados bienes ocultos.

Un bien público es, desde el punto de vista jurídico, aquel que pertenece o es provisto por el Estado a cualquier nivel a través de todos aquellos organismos que forman parte del sector público. Desde el punto de vista económico, es un bien que está, o debería estar disponible a todos y del cual el uso por una persona no substrae del uso por otro, y no pueden ser objeto de apropiación por parte de particulares.

Una tasa, impuesto o contribución fiscal, decretada y no pagada, maliciosamente ocultada, es un bien que pertenece al estado, y por lo tanto el gobierno tiene la obligación de recuperarlo porque es una propiedad de todos. Cuando una autoridad pública, con la finalidad de favorecer a un tercero no lo hace, se convierte en cómplice de dicho despojo de bienes que son de todos.

No obstante, lo anterior, aun cuando la recuperación de dichos activos es, o debe ser una obligación inexorable de las autoridades, a estos bienes que ya existen y están plenamente identificados, se les ha dado el mismo tratamiento como si se tratasen de minerales del subsuelo descubiertos, donde corresponde al “descubridor” o “denunciante”, invertir lo necesario y proveer lo conducente para su extracción.

Todos los gastos de las pruebas a practicar corren por cuenta del denunciante a quien, de recuperarse algún dinero a favor del Estado, le corresponde por ley que se le pague en efectivo una participación del 30% del valor del bien oculto, cuando éste haya entrado a formar parte efectiva del patrimonio del Estado, y todo estaría bien de no ser que luego de la denuncia, corresponde al MEF consultar (¿?) con el procurador general de la Nación si el bien denunciado es o no oculto, como si se tratara de un hecho delictual, es desde allí cuando se inicia el proceso de corruptelas, que en estos casos han sido muy prolíficas dentro y fuera del Gobierno.

Si el Ministerio de Economía y Finanzas, la entidad especializada en la custodia y valoración de la hacienda publica y bienes nacionales determina, que si existe el bien oculto y debe ser rescatado por el estado, pero un procurador corrupto, como lo hemos visto en los últimos años, dice que no sin tener ningún conocimiento para evaluar eso, dice que no, porque fue sobornado o porque tiene que favorecer a alguno, el bien se pierde y se produce el despojo a la nación. Y así ocurre a diario.

De nada sirve pues, que alguien se preocupe por rescatar para el patrimonio público, bienes que servidores públicos corruptos y políticos se han apropiado para su exclusivo beneficio, ya sean predios nacionales, tasas, impuestos no pagados, y otros derechos, porque basta que se tenga de su lado, un procurador corrupto, que abundan por doquier, para que el bien sea despojado al estado.

Por eso no debemos hablar de bienes ocultos, sino de bienes ocultados…

El autor es abogado

Edición Impresa

ENVÍOS POR EMAIL