En la noche del 19 de diciembre de 1989 asistía a una elegante recepción ofrecida por Petroterminales Panamá en el hoy hotel Sheraton, cuando se me acerca un amigo muy querido y me dice que, a su hijo, quien se encontraba en Panamá de visita de Navidades de su universidad en Washington D.C., lo había llamado una condiscípula para informarle que el novio de ella, periodista estadounidense, se estaba embarcando en Fort Bragg con la 82ª División Aerotransportada como parte de una invasión a Panamá. Seguramente otros comensales también se enteraron al mismo tiempo por distintas fuentes, pues la dinámica de la hasta entonces bulliciosa recepción se fue apagando hasta quedar vacío el salón.
En efecto, esa noche se produjo la invasión y, desde nuestra casa en Altos del Golf, podíamos apreciar los estallidos del bombardeo en El Chorrillo. Al día siguiente, los vecinos decidimos organizar barricadas para impedir el acceso al área, al igual que lo hicieron muchos otros barrios. Entonces noté que había suficiente gente para esa tarea, incluidos mis dos hijos mayores que todavía vivían con la familia y concluí que mejor me debía dedicar a pensar en lo que venía después de la invasión. Me senté en mi pequeño estudio frente a mi computadora Apple y con base en los datos económicos que tenía en los archivos de mi casa elaboré una propuesta relativamente simple para el rescate de la economía panameña, que consistía en una inyección masiva y rápida de recursos financieros para restablecer los inventarios del comercio y la industria, agotados por la crisis bancaria que se inició en 1987, por los saqueos que se produjeron en esos días y por la destrucción de la propia invasión. Posteriormente, tendrían que venir planes más elaborados para la reapertura de los bancos y los ajustes estructurales que requería la economía, dadas las serias distorsiones introducidas durante las dos décadas de dictadura.
La reapertura de los bancos se produjo exitosamente, en un plazo relativamente breve, pero las reformas estructurales no se enfrentaron por la primera administración post invasión, pues hubo que esperar hasta el segundo lustro de los 90.
Curiosamente, una vez redactado el plan, me percaté de que no tenía una impresora en casa, por lo que recurrí a mi vecino Jaime Arias, que sí tenía una que me trajo a la casa. Imprimimos el documento y Jaime me pidió quedarse con una copia que luego se la hizo llegar a su hermano Ricardo, recién instalado como primer vicepresidente de la República. Pocos días después, recibí una llamada de Guillermo Ford, segundo vicepresidente y ministro de Planificación para decirme que habían discutido mi plan en el triunvirato, por llamarlos en alguna forma, y querían discutirlo conmigo. Me trasladé, no sin dificultades, a la sede del gobierno en la antigua Cancillería, frente al parque Porras, y en la reunión me pidieron que fuera a Washington D.C., con la misión de negociar un paquete de apoyo económico del Gobierno americano a Panamá y para liberar los fondos de impuestos y derechos debidos a nuestro país que habían sido bloqueados por Estados Unidos. Les dije que necesitaba una credencial y me respondieron que me sentara frente a una máquina de escribir (no había computadoras en la Cancillería) para escribir el decreto de mi nombramiento y designara a quienes me acompañarían, que fueron Gabriel Lewis Galindo, Fernando Eleta A. y mi socio Marco Fernández. En Washington nos encontró Carlos Rodríguez, asesor económico del presidente Endara.
Volamos el 26 de diciembre en un avión militar norteamericano C-5 desde Howard a la base aérea de Dover, Delaware, cercana a Washington, cubierta de nieve. No sin bastantes dificultades, entre ellas que el Gobierno americano estaba prácticamente cerrado entre Navidad y Año Nuevo, negociamos un paquete de medidas que cuantificamos del orden de $1,000 millones. Estas incluían un préstamo de varios cientos de millones (lamentablemente no tengo los datos conmigo) al Banco Nacional de Panamá para dar crédito rápido de corto plazo al comercio y la industria, a fin de que restablecieran sus inventarios. Estos préstamos, una vez recuperados por el BNP, se convirtieron en una facilidad de largo plazo a tasas de interés “blandas” para que este robusteciera su capacidad para continuar prestando a mayor plazo. El paquete también incluyó la suma que ha publicado la Embajada de Estados Unidos y otras facilidades menores.
Como dato curioso que no deja de ser significativo, la misión logró un desembolso inicial de los fondos bloqueados por $50 millones que fueron enviados en efectivo en un vuelo especial a Panamá con el propósito de que el Banco Nacional pudiese pagar la segunda quincena de diciembre a los empleados públicos, ya que sus bóvedas habían sido vaciadas durante la invasión por miembros de las Fuerzas de Defensa. También creo necesario señalar que, como siempre, las negociaciones con el Gobierno americano estuvieron plagadas de exigencias, cuyos detalles el espacio de este artículo no me permite abordar.
Debe quedar claro que una parte substancial de la inyección a la economía, no contabilizados en los $1,000 millones citados, fue de fondos panameños retenidos por Estados Unidos en los últimos años del régimen norieguista y que ello no implicó ninguna largueza de los norteamericanos. El apoyo que proporcionaron en la forma de préstamos blandos y donaciones, más la devolución de recursos nuestros fue muy importante para relanzar la economía y producir una recuperación de la producción más rápida de lo que muchos habíamos calculado. Sin embargo, ninguno de estos componentes fue en forma directa a resarcir a los panameños y residentes de sus pérdidas materiales, secuelas en su salud y desaparición de seres queridos que es de lo que trata la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
¡Eso es harina de otro costal!
El autor es economista