Seguridad social

La CSS es de todos los panameños

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La Caja de Seguro Social (CSS), fundada hace 78 años, está en crisis y ha sido víctima de los poderes fácticos y de la plutocracia desde su fundación. Para no ir muy lejos, en el período posinvasión (1990-2019) el binomio del mal se ha dedicado a “cuentear” al pueblo panameño, mientras saqueaban el erario. Dentro de los “asaltos” perpetrados por los “Bonnie & Clyde” nacionales, están las finanzas de la Caja de Seguro Social.

Mediante la Ley 51 de 27 de diciembre de 2005, el gobierno del “muñeco” –que llegó “limpio y salió millonario”– con el concurso de la manipulación mediática, impuso medidas paramétricas, el sistema “mixto” (individual) para las personas menores de 35 años y el solidario para el resto de los cuentahabientes. Pero dichas iniciativas no fueron otra cosa que un paliativo engañoso y el inicio de la privatización de los fondos de la Caja de Seguro Social. Proceso llevado a cabo en 30 países de la región, pero que está de vuelta, porque 18 de estas naciones han retornado al sistema solidario y dentro de los 12 restantes que no han regresado al mecanismo solidario –lamentablemente– se encuentra la República de Panamá.

Además, la CSS presta servicios a los asegurados, dependientes, jubilados y pensionados, en todo el país por medio de cuatro programas: gestión administrativa, Riesgos profesionales; Enfermedad y Maternidad, e Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Hasta el 2015, en el que existen cifras confiables, el primer programa mantenía un superávit de $65.2 millones o del 7%; el segundo, $91.2 millones o el 11%; el tercero, $196.7 millones o 29%, y el cuarto y más importante –IVM– de los programas de la CSS, poseía un superávit de $408.8 millones o el 53%.

También la CSS no solo es la empresa más querida y más importante para todos los panameños, sino la más grande, inclusive, mayor que el Canal. En el año 2017 tenía 32 mil 590 empleados, que serían aproximadamente 34 mil 500 este año, de los cuales el 55% es personal de salud y 45% administrativos. En la presente vigencia fiscal de 2019, el presupuesto alcanzó la suma de $5 mil 732 millones 271, de los cuales $1,293.8 millones fueron de inversión y financiamiento.

La CSS, creada por la Ley 23 de 21 de marzo de 1941, mantiene protegida el 75% de la población del país, de los cuales el 10% son jubilados. Otras cifras significativas y alarmantes son las siguientes: entre el año 2016 y 2032 el déficit actuarial se situará por el orden de los $13 mil 613 millones. Por otro lado, el actual director ha señalado que unos $1,400 millones están por definir a qué sistema de pensiones pertenece: al sistema mixto (individual) o al sistema de pensiones solidario, y para agravar más el desastre administrativo, en el mes de abril del año 2017, la actuaria electa por el expresidente renunció y hasta la fecha no ha sido reemplazada.

Frente a este sombrío panorama por el cual atraviesa la primera institución de seguridad social del Estado, el Fondo Monetario Internacional le ha recomendado al “buen gobierno” del excelentísimo señor Laurentino Cortizo Cohen, presidente de la República de Panamá, adoptar las medidas paramétricas siguientes: aumento de la edad de jubilación (hombres y mujeres) a 65 o 70 años; incremento de 240 cuotas a 300; cotización de 13.5% a 15%; cálculo de la pensión en lugar de los 10 mejores años, propone tomar en cuenta todos los años laborados, y la tasa básica de reemplazo de 60% a 37%.

Frente a semejante despropósito, el pueblo afectado (75% de los panameños) debe rechazar de plano esta propuesta de muerte y en su lugar formular mejoras en los réditos de los fondos de la Caja de Seguro Social depositados en el Banco Nacional; crear el Banco de Crédito Popular de la CSS, para otorgar préstamos a los jubilados, hoy día, “azotados” por los “garroteros” particulares; mejorar las inversiones a través de la adquisición de los “bonos soberanos” de la República de Panamá; invertir las propiedades inmobiliarias que posee la CSS en el Casco de la ciudad de Panamá para construir “estacionamientos”, por ejemplo, en la “Renta Cinco” y otras; vender las propiedades de bienes raíces que tiene en toda la geografía nacional, y participar en las iniciativas derivadas de la Ley de Asociación Público/Privada. ¡Así de sencilla es la cosa!

El autor es abogado

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