En 2009 participé en el concurso para elegir al director general de la Caja de Seguro Social. Tenía una quimérica motivación por promover la recomposición de esa entidad tan importante para el pueblo panameño, por ayudar a ordenar sus finanzas, aplicar medidas de transparencia, contribuir al desarrollo de su personal, modernizarla y convertirla en un organismo de seguridad social de alta calidad.
Me enfrenté al deseo de los gobernantes de nombrar dóciles mandaderos dedicados a administrar el desgreño, mantener la Caja como botín político y hacer multimillonarios negocios en detrimento de los asegurados. Ese es el verdadero objetivo de la administración de la Caja de Seguro Social. A su cumplimiento colabora una junta directiva de poca idoneidad y mucha mediocridad.
En la actualidad, la Caja va rumbo al despeñadero. Con el apoyo de algunos medios de comunicación, que guardan silencio cómplice frente a las numerosas y graves irregularidades, la actual administración está más enfocada en el manejo de las relaciones públicas, pretendiendo así tapar el evidente desarreglo de la entidad. Pero lo que callan la administración y los medios tradicionales de comunicación, lo dicen las redes sociales, en las cuales circulan cada vez más preocupantes denuncias sobre anomalías, desórdenes y maltrato a los asegurados.
Donde se mire hay desajustes. La adquisición de ambulancias, que viene generando problemas desde 2014, ha sido nuevamente detenida en momentos en que la Caja solo cuenta con 19 vehículos de emergencia en toda la república (El Siglo, 2 de febrero).
Hace años está paralizada la construcción de las policlínicas de Boquete y Penonomé (TVN, 4 de febrero; Día a Día, 30 de enero). En el cuarto de urgencias del Complejo Hospitalario Metropolitano Dr. Arnulfo Arias Madrid se mantiene el hacinamiento (TVN, 2 de septiembre de 2017).
Los laboratorios siguen sin reactivos (Día a Día, 22 de enero) y aún no se instala la planta de desechos peligrosos en el Complejo Hospitalario Metropolitano, la cual costó cientos de miles de dólares. Esto merece una investigación.
El plan de optimización de los procesos quirúrgicos no es sostenible en el tiempo y debe ser auditado. Continúan las arbitrariedades en el traslado del personal; persisten graves problemas de inseguridad y desaseo; las demoras en las citas y el desabastecimiento de medicamentos es muestra de la mayor desidia (Panamá América, 2 de noviembre de 2017).
En agosto de 2017, había 32 mil 590 empleados en la Caja y se prevé que este año la cifra de funcionarios aumentará a 33 mil 511 (La Prensa, 16 de septiembre de 2017). Sin embargo, la falta de profesionales de la salud en los centros de atención sigue siendo grave (TVN, 25 de enero) y se acentuará con la puesta en marcha del Hospital Rafael Hernández (David) y la Ciudad Hospitalaria (proyecto que también debe auditarse).
La planilla, evidentemente, está llena de nombramientos políticos o personalistas que no satisfacen las necesidades de la entidad. Como ejemplo está la designación de una pariente cercana del director general a un cargo superior, con un salario de 5 mil 797.44 dólares mensuales. Es asombroso que la Antai y otras organizaciones, tan críticas del nepotismo, guarden silencio frente a este exabrupto.
Todos los vicios del sistema político panameño prosperan en la Caja de Seguro Social, sin que los organismos de control del Estado panameño digan una sola palabra. La Antai, como mínimo, debería pronunciarse al respecto del viaje del director general a Barcelona para asistir a una “reunión de trabajo” durante los días del Carnaval, entre el 9 y el 14 de febrero (El Siglo, 2 de febrero).
Otros organismos fiscalizadores, como la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría de la Administración y la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, deben intervenir para rescatar a la Caja de Seguro Social de la situación desastrosa en que se encuentra.
La sociedad civil y los medios de comunicación, por su parte, no deben dejar de insistir en una rectificación urgente de la administración de la Caja. Los malos manejos que allí se dan tienen un impacto muy fuerte sobre el pueblo panameño, incluyendo a muchos sectores vulnerables, cuyo único recurso para atender su salud lo provee esta institución.
El autor es politólogo e historiador y director de la Maestría en Relaciones Internacionales en Florida State University, Panamá.