Al inicio de su carrera intelectual, Justo Arosemena, como otros pensadores antes que él, tenía un concepto negativo de los partidos políticos. En sus Principios de moral política redactados en un catecismo (1849), se pregunta:
“¿Son necesarios los partidos políticos? No, antes bien son muy funestos … Partido es sinónimo de parcialidad, y la nación nada gana con estar dividida en bandos que se hostilizan mutuamente. Los intereses de la nación son comunes, y así, todos sus ciudadanos debieran formar un solo partido …”.
Esa concepción cívica y republicana de la democracia fue evolucionando, en años posteriores, de acuerdo con una visión pluralista y liberal, que no solo admite la existencia de los partidos, sino, además, conceptualiza la democracia moderna como un sistema de partidos.
“Sin partidos no hay democracia”, dijo, entre otros, Luis Alberto Monge, presidente de Costa Rica (1982-1986), la más antigua y sólida de las democracias latinoamericanas. “Cuando se acaban los partidos”, añadió, “automáticamente se muere la democracia”.
Sin negar la importante función de los partidos en la sustitución de dictaduras por regímenes competitivos, tampoco puede ocultarse su nivel de degradación, evidente en muchas partes. En algunas sociedades, como la nuestra, en vez de democracias, las cúpulas partidarias han instituido partidocracias, lo que equivale a una concentración del poder en la dirigencia de los partidos, con el aval del organismo electoral.
Mucho discurrieron los autores clásicos acerca de los riesgos de la acumulación de poder y sus observaciones son aplicables a la partidocracia. En la actualidad, nuestros partidos no representan a los ciudadanos, sino a grupos económicos. Se han convertido en agentes de esos grupos para el tráfico de influencias y el logro de ventajas inmorales, a partir de maquinarias aceitadas por el clientelismo y la corrupción.
Para mantener su vigencia, los partidos requieren de votos. Tal cual lo advirtió el Dr. Arosemena en su catecismo, “los partidos políticos ponen su mayor conato en la seducción de los sufragantes”.
Corresponde a los votantes, entonces, “desplegar toda su honradez para resistir los embates de los partidos”. Nunca deben, continúa don Justo, “adoptar otra guía en su conducta que su propio convencimiento acerca del mérito de los ciudadanos por quienes sufraguen”.
En una población de bajo nivel sociocultural, precaria formación cívica y paupérrima educación, es difícil que los sufragantes puedan rechazar el mercadeo de los partidos, pues carecen de los necesarios recursos intelectuales, cívicos y morales para ello. En consecuencia, los partidos logran seducir al electorado, no con ideas ni programas serios (no los tienen), sino con imágenes publicitarias y beneficios materiales que engatusan a un pueblo ignorante y sumido en la miseria.
Ante las grandes exigencias de dinero, las donaciones políticas son vitales, pues el subsidio que el Estado (o sea, la ciudadanía) graciosamente otorga a los partidos no alcanza para “seducir” a los sufragantes. Surgen así los especialistas en la obtención de donaciones, quienes, a cambio de una comisión, entregan los aportes a las cúpulas partidarias.
Todo esto convierte a las elecciones panameñas en un mercado donde se negocian favores y votos, y donde se acumulan ganancias de la manera más burda, con el beneplácito del organismo electoral y el sistema judicial.
En medio de graves necesidades sociales, las sumas “invertidas” en el mercado electoral son alarmantes. Según informes entregados por los partidos al Tribunal Electoral, en 2013-2014 la candidatura presidencial de Cambio Democrático-Molirena recibió donaciones por 34.7 millones de dólares. La del PRD reportó aportes por 12.1 millones y la de los partidos Panameñista y Popular, por 9.7 millones (La Estrella de Panamá, 23 de febrero de 2017).
Al total de 56.5 millones donados por fuentes privadas a las candidaturas presidenciales hay que agregar el subsidio electoral, el cual asciende a 69.8 millones en 2014-2019, según La Prensa (30 de diciembre de 2013).
Para tener una mejor aproximación a lo que cuestan las elecciones panameñas, también hay que añadir los aportes recibidos por candidatos a otros cargos de elección popular, las contribuciones no reportadas (como las de Odebrecht) y el uso político de bienes del Estado, contabilizado en cientos de millones de dólares.
Con razón decía el Dr. Arosemena que es necesario resistir las “seducciones” de los partidos. Han convertido las elecciones populares en un escandaloso cambalache.
El autor es presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.