Nuestro índice de competitividad como país seguirá bajando sin una reforma al Órgano Judicial. La forma en que se administra justicia en este país, salvo contadas excepciones, no se ajusta a derecho.
Hablo de la justicia que pone en peligro la seguridad jurídica que se le promete a las multinacionales que se establecen en Panamá para aprovechar nuestra posición geográfica y plataforma logística.
Recientemente, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo en casación que ha creado un incidente diplomático, pues revocó, contrario a derecho, lo que dos tribunales inferiores habían resuelto en apego a la ley.
Se trata, nada menos, de una empresa global de comunicaciones, electrónica y electrodomésticos.
La empresa, sorprendida y molesta, exigió citas a la Cancillería, al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y a la propia Corte Suprema de Justicia en busca de una explicación lógica a este exabrupto legal.
Lo que faltaba: nuestro sistema de justicia empieza a afectar a las multinacionales que creyeron en Panamá.
Ya estarán poniendo otras empresas globales, radicadas en nuestro país, sus barbas en remojo.
El autor es abogado