El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). El ímpetu de la DUDH fueron las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y el deseo entre las naciones de fomentar un nuevo orden mundial en el que la paz y la seguridad fueran primordiales, y los Estados se comprometieran a respetar y proteger la dignidad del individuo. En el transcurso de siete décadas, esta declaración ha generado leyes que obligan a los Gobiernos a respetar, proteger y cumplir los derechos inherentes a todos los seres humanos. Más importantemente, la historia ha dejado claro que para que los gobiernos cumplan este compromiso se requiere una ciudadanía igualmente comprometida a exigirlo. En este sentido, los científicos somos actores esenciales.
Un buen punto de partida es que los científicos comprendamos que los derechos humanos son obligaciones del Gobierno. Estas obligaciones incluyen los derechos sociales y económicos esenciales para el bienestar humano, como el derecho a la salud, la educación, el matrimonio y la familia, entre otros. Respecto a la ciencia, la DUDH incluye el derecho a “participar en el avance científico y sus beneficios”. Esto implica que los Gobiernos tienen la responsabilidad de respetar la libertad indispensable a la investigación científica, fortalecer el desarrollo y difusión de la ciencia, y alentar la cooperación internacional en ciencia. Los científicos tenemos un papel único en dar visibilidad a este derecho, y a la vez, asegurar que la evidencia científica sea parte del desarrollo de políticas que garanticen los demás derechos.
El enfoque en derechos humanos requiere que los científicos contribuyamos con conocimiento científico en la toma de decisiones que afectan el bienestar y los recursos de todos. En nuestro país, los enfoques de derechos humanos para el desarrollo de políticas pueden tener un impacto en muchas áreas, incluyendo la salud pública, el cambio climático, la producción de energía, la deforestación, el acceso a agua potable, y cuestiones de género. En cada área, la integración de evidencia científica en las políticas diseñadas para asegurar una sociedad más humana y justa es esencial para la sostenibilidad de esas políticas.
Quizá el mayor desafío del enfoque de los derechos humanos es que los científicos poco nos involucramos en asuntos que percibimos como “políticos”, es decir, incompatibles con la tradición científica de imparcialidad y objetividad. Sin embargo, el rol de la ciencia en cualquier debate es resaltar hechos y datos empíricos sobre las emociones y opiniones. Es demasiado común que los políticos defiendan posiciones a menudo indefendibles que pueden y deben abordarse desde una perspectiva científica. Lo que la ciencia trae a la lucha por los derechos humanos es evidencia adquirida a través de estudios rigurosos. Por tanto, es apropiado y esencial que los científicos nos incorporemos al esfuerzo de hacer realidad los derechos humanos con evidencia científica sólida, teniendo siempre en cuenta la ética y la integridad científica.
En Panamá, las acciones de los defensores de derechos humanos pasan desapercibidas en su mayor parte, pero a pesar de los retos y riesgos que enfrentan, persisten en buscar un cambio positivo. Los defensores de los derechos humanos recurren a la evidencia empírica como una parte importante de su documentación y monitoreo. A su vez, los científicos tenemos la responsabilidad de conocer y comunicar las implicaciones sociales de la evidencia científica, y sobre todo, estar conscientes de las formas en que nuestra participación en la lucha por los derechos humanos puede asegurar una sociedad más justa y equitativa. Este tipo de colaboración interdisciplinaria es indispensable para forjar nuevos enfoques que hagan realidad los derechos humanos.
La autora es investigadora del Centro de Neurociencias del Indicasat AIP