La Ley 44 que crea el Parque Nacional Coiba (PNC) y dicta otras disposiciones establece un sistema de gobernanza donde el Consejo Directivo (CD) es la máxima autoridad en temas de manejo. La ley también crea el Comité Científico, el cual debe asesorar en temas científicos y técnicos al CD, como por ejemplo, la toma de decisiones relacionadas a la implementación del Plan de Manejo.
La correlación de fuerzas en el Consejo es a favor de los miembros del Estado: cinco son representantes de ministerios, autoridades o secretarías, tres son alcaldes y un voto de la Universidad de Panamá, los restantes tres votos corresponden a la Cámara de Comercio de Veraguas, un representante del sector pesquero y una oenegé. En este contexto, el Consejo es un órgano eminentemente político, donde el Ministerio de Ambiente, que preside la estructura de gobernanza, tiene un peso específico significativo, donde adicionalmente es el responsable del manejo operativo del parque.
Ante este panorama, el señor diputado del circuito 9.2, Héctor Aparicio, presentó un anteproyecto de ley donde se pretende incluir al presidente de la Asamblea como parte del CD. Esto no es casualidad, en abril de 2016 este mismo diputado presentó un proyecto para modificar la ley del parque, bajo el argumento de aumentar el porcentaje monetario que reciben los municipios por los ingresos al área protegida y trasladar el porcentaje que le corresponde al Centro Regional Universitario de Veraguas, de la Universidad de Panamá, hacia la extensión de Soná.
Este segundo intento para hacer cambios en la ley denota interés en someterla a discusión, lo cual es inconveniente por la desconfianza que existe, sobre todo, hacia la Asamblea Nacional. Preferimos una ley en la condición actual, que someterla a discusión y abrir la puerta para modificar artículos vitales para la conservación del parque, ya que las últimas acciones del Consejo, del Ministerio de Ambiente y de la Presidencia hacen sospechar que los intereses económicos privan sobre la conservación.
El problema en el PNC y de la Zona Especial de Protección Marina no es de injerencia política en el Consejo o de repartición de los montos que recibe el parque en concepto de peajes y visitas, es de manejo, función de la que debe empoderarse el CD y no lo ha hecho. No se puede pensar en desarrollo de proyectos estructurales y de aumento del turismo sin una capacidad de manejo adecuada. Solo a nivel de guardaparques, el Plan de Manejo define 40 funcionarios, hoy no tenemos más de 15, sumando todos los funcionarios con presencia en el parque. En nueve años de vigencia del Plan de Manejo y del Plan de Aprovechamiento Pesquero, el nivel de implementación es mínimo, por lo que no podemos conocer si fueron acertadas las decisiones de manejo que se tomaron en su momento.
Para desarrollar el turismo y la infraestructura necesaria, debemos dotar al parque de los recursos y capacidades para garantizar los procesos de control y vigilancia. El Plan de Manejo define la construcción de puntos de control y vigilancia en las islas Contreras y en Canales de Afuera. El primero nunca se construyó, el segundo se construyó gracias al apoyo de una oenegé, a un costo de decenas de miles de dólares y nunca fue utilizado, hoy está totalmente abandonado, esto denota poco interés por parte de las autoridades pasadas y presentes en corregir este problema y empezar con el orden de las prioridades para lograr un exitoso manejo de un área protegida bajo categoría de Patrimonio Natural de la Humanidad y que debe ser orgullo para Panamá.
El autor es docente e investigador - UP