Política económica

Colombia, OCDE y demás

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Que el gobierno de Juan Manuel Santos, a menos de una semana de dejar el poder, haya dado un golpe tan bajo a Panamá sin que medie respuesta de nuestro gobierno es sorprendente. El Gobierno colombiano (cuyo expresidente tenía la escuálida aprobación de 17%) mintió al afirmar que estamos incumpliendo con tratados internacionales y además corre de acuseta a la OCDE. Nada más lejos de la verdad. La realidad es que no debemos, jamás, intercambiar información fiscal sin fundamento jurídico y menos con países que nos discriminan como Colombia. Quizás nuestro gobierno razona que no vale armar un alboroto diplomático si ya Santos y su esbirro Cárdenas, ministro colombiano de Economía y Hacienda Pública, se fueron del Palacio de Nariño.

En mi opinión, era la oportunidad de despedir al Gobierno colombiano, que más ha irrespetado a nuestro país, con un comunicado contundente. El gobierno de Santos nos ha llamado lavadores de dinero, que no respetamos los acuerdos internacionales que firmamos y eso que nunca le hemos sacado en cara los millones de dólares adicionales que estamos gastando en proteger nuestras fronteras, ya que su proceso de paz duplicó la producción de la cocaína en Colombia (para la tristeza de los miles de familias cuyos jóvenes mueren de sobredosis o balas perdidas por la incapacidad del Gobierno colombiano de acabar con el negocio de la droga).

Increíble, los dos países latinos que más se destacan por su rol en el suministro y tráfico de drogas, México y Colombia, son miembros de la OCDE. Son el equivalente global de trepadores sociales (social climbers). Colombia, el país que nos trajo a los carteles de las drogas y su esplendor sanguinario, que no cumple con los fallos que ha dictado la Organización Mundial de Comercio (OMC) a favor de Panamá, que ha afectado a la Zona Libre de Colón, nos “acusa” con la OCDE y nuestro gobierno ni siquiera un comunicado. Ya rayamos en lo patético.

Mientras tanto eliminamos nuestras ventajas e incentivos para atraer la inversión. Reporta La Prensa el 9 de julio de este año sobre la inversión extranjera directa (IED): Los buenos resultados de los últimos años parecen no tener continuidad en el inicio de 2018. En el primer trimestre se produjo una caída de 17% en la atracción de la inversión extranjera en comparación con el mismo período del año anterior. La caída continua de los depósitos extranjeros en la banca panameña es sorprendente, para el primer trimestre había disminuido 22%, según las cifras de la Superintendencia de Bancos de Panamá. La nada despreciable friolera de 3.8 mil millones de dólares. Pero seguimos yendo contra nuestros intereses por complacer a países con gobiernos socialistas ineficientes que prefieren acabar con nuestra economía de servicios.

Para muestra un botón. Se hizo un gran alarde porque la multinacional japonesa Nippon Express USA regresaba a Panamá. Es una empresa de primera clase y se justifica tan buena noticia. Japón es un país hermano. Es un gran usuario de los servicios marítimos nacionales y del Canal de Panamá. Veamos la entrevista que hizo este diario a su CEO Toshiro Ushuda. Dice el señor Ushuda: “Panamá es uno de los pocos países que está más interesado en atraer negocios y menos en cargar impuestos a la gente”. El señor Ushuda ha descrito nuestro modelo de negocio como país. Es nuestra manera legítima de crear empleo, crecer nuestra economía y debemos entender que - en vez de darnos pena y sentirnos como criminales porque a tres gabachos no les da la gana de pagar impuestos- este modelo para atraer IED es exitoso y es nuestro derecho como país soberano.

La lógica que no entienden los socialistas europeos es sencilla: bajas los impuestos, atraes IED y el Gobierno -que recibirá menos ingresos vía el fisco- se verá forzado a recortar gastos inútiles, subsidios que fomentan la ineficiencia, que desincentivan la competencia y tendrán que recortar sus abultadas planillas. Pero los europeos y sus adláteres en la OCDE distan de ser pragmáticos. ¿Milton Friedman? ¿Quién es él? Nosotros tenemos a Gurría y a Juncker. Puf.

El autor es abogado

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