Una de las condiciones más criticadas por quienes desprecian al mercado, como instrumento para optimizar la asignación de recursos, es la no existencia de información clara e igual para todos. Justamente, este es uno de los elementos que Joseph Stiglitz criticó y con el que, según los entendidos, contribuyó a mejorar el pensamiento económico y, de paso, le hizo ganar el Premio Nobel.
Pero, ¿qué pasa cuando no concurren muchos compradores y vendedores, una de las condiciones críticas de la competencia perfecta, ideal del mercado competitivo y justo?
¿Qué sucede en el caso de que hay un gran comprador, el Estado, y muchos proveedores, la empresa privada?
En el primer caso, pocos vendedores, se llama monopolio y se asocia al lado de la oferta; en el segundo caso, a un gran comprador se le denomina monopsonio. Cuando el Estado es el gran cliente comprador se piensa que podría lograr condiciones tales que optimicen el beneficio o bienestar de la estructura social que es el Estado. Pero no es así siempre. Es peor.
La mejor manera de lograr que el Estado optimice su posición de gran comprador, es que fije condiciones que permitan la mejor competencia posible, o sea, lo más cercano a una competencia equitativa o, idealmente, perfecta. Esto se reglamenta a través de las normas de contrataciones públicas.
¿Qué pasa cuando dichas normas son imperfectas? O peor, ¿cuando el gobierno de turno no las aplica? O mucho más grave, ¿cuando crea normas que permiten que la discrecionalidad permee el sistema y quede en manos de pocos la decisión de compra? Esto es el caldo de la corrupción.
En lugar de establecer normas que favorezcan al Estado en beneficio de la sociedad, se crean normas –cuando existen– que le restan su poder. Lo transfieren, privatizan, enajenan, a favor de quienes ejercen el gobierno y sus allegados, cómplices o secuaces.
Lamentablemente, esto es lo que sentimos que ocurre en Panamá. Se convierte el proceso de contrataciones públicas en una competencia del sector empresarial, en el que el grupo que está en el poder pone las condiciones en detrimento del resto del sector privado, en perjuicio de los contribuyentes y, sí, en menoscabo de los más vulnerables, los que no tienen voz.
Los recursos que se transfieren al grupo empresarial en el poder y socios, se le restan al Estado para atender las necesidades propias de la sociedad o del buen gobierno.
Como, fácilmente, se deduce: el beneficio de pocos se logra con el perjuicio de los más. Y con el tiempo los sectores empresariales competitivos, honestos, trabajadores, que pagan impuestos y ofrecen sus productos y servicios de calidad, terminan por retirarse, dejando el abastecimiento de las necesidades del Estado en manos del mismo grupo que ejerce el poder. O, tristemente, tienen que adoptar las prácticas corruptas para poder competir y, para llamarlo de alguna manera, que puedan venderle al Estado.
La corrupción, entonces, que es la ruptura o contaminación de los sanos procesos que benefician a la sociedad, le significa costos graves al país.
En nuestro caso, de persistir esta situación, las empresas correctas podrían dejar de interesarse en establecerse u ofrecer sus productos en Panamá.
Por el contrario, un sistema que blinde los procesos adquisitivos del Estado, debe significar ahorros al erario público, al obtener mejor calidad por precio, mejores oferentes y mejores productos, en cantidad y calidad.
En consecuencia, a todos nos conviene acabar con la corrupción. Si no, esta contaminará la voluntad cívica y la sana convivencia, y la gobernabilidad y el orden quedarán, tarde o temprano, comprometidos.
