Informa un diario local, el día 18 de octubre de 2017, que la Comisión Europea presentó su informe final sobre los “Panamá Papers”, lo investigado, las conclusiones y las sugerencias.
Grata sorpresa que, contrario a la que esperaba, el reporte fue aprobado con 29 votos a favor, 2 en contra y 18 abstenciones. Es decir, las conclusiones a que llegaron y las investigaciones que se realizaron no fueron suficientemente contundentes para obtener una mayoría amplia a favor del reporte.
Podemos presumir que los países europeos que son paraísos fiscales como Irlanda, Luxemburgo, Malta, Países Bajos (Holanda) y UK, entre otros, habrán preferido abstenerse, ya que les tocaba su bolsillo.
El eurodiputado de Podemos, la izquierda española, Miguel Urbán, declaró que el texto del informe “pone el foco en la responsabilidad de países terceros” y no mira hacia los miembros de la UE “como Reino Unido, Luxemburgo o Malta, donde también hay muchos culpables de evasión fiscal”, y “deja intacto el papel de la banca”.
Urbán afirmó que “el trabajo de la comisión comenzó muy bien, seguramente debido a la presión social y mediática, que reclamaban un informe con acciones efectivas, eficaces y coherentes. Sin embargo, al final se han antepuesto los intereses de los bancos y de los ‘lobbies’ que campan por Bruselas al de las mayorías sociales”.
Como el enemigo de mi enemigo es mi amigo, a mi nuevo “broder” Miguel, le digo que ha dado en el clavo. Desenmascara a los impresentables de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y a los países europeos que han decidido que sus problemas financieros son culpa de Panamá, de BVI, de Las Bahamas y de los países que compiten por la inversión extranjera.
Que el socialismo y el estado de bienestar que pregonan no sería un fracaso -aquel que crea vagabundos y más burocracia (el Estado como principal empleador)- si no fuera porque los ricos de sus países envían plata a otros destinos para ser invertidos o protegidos de sus impuestos infernales. Y esos destinos son las islas del Caribe y Panamá.
Mi camarada no solo da en el clavo, sino que habla del elefante en el cuarto: los bancos europeos que reciben los fondos de la evasión fiscal. Son los bancos europeos, especialmente los franceses, los que más salieron nombrados en los infames “Panamá Papers”. La banca internacional tiene una gran responsabilidad en este asunto de la transparencia fiscal, sin embargo, rara vez la mencionan. La omnipotente banca global, los “too big to jail” -que quiebran y son salvados por los impuestos de la clase trabajadora- tienen una máquina de cabildeo envidiable.
Lo que sigue es grave. Resulta que el 17 de octubre, la OCDE sacó un reporte denominado Harmful Tax Practices 2017 Progress Report on Preferential Regimes, en el cual identifican a 20 naciones que aún no han realizado los cambios legislativos necesarios para adecuarse a la Base Erosion Profit Shifting (BEPS) o, para su fácil comprensión, a la eliminación de los regímenes preferenciales que usan los países para atraer inversiones.
Por ejemplo, pretenden que Panamá elimine las zonas especiales como la Agencia Panamá Pacífico (APP), la Ciudad del Saber, la Zona Libre de Colón y leyes especiales como la de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM) que tanto trabajo e inversión han traído a Panamá. Sí, como lo lee. Que las eliminemos ya que les hacen daño (son harmful) a los países de la OCDE. ¿Cuándo se comprometió Panamá a esto?
El reporte establece que 20 países aún mantienen esos regímenes preferenciales y que todos, salvo 2, se han comprometido con la OCDE a adecuarse. Fueron Italia y Francia los que no se acogieron a la eliminación de los regímenes especiales, es decir, no le siguen el juego a la OCDE. Imagínense, Francia. Después de cómo nos trataron, de que nos mantienen en su lista negra y de los insultos. Ellos defienden sus regímenes preferenciales de los ataques de la OCDE para mantener así el poco atractivo de invertir en el país galo.
Señores, patria no es solo la marea roja. Patria es defender el derecho a escoger tu destino como nación.
El autor es abogado