Durante las últimas semanas, comunidades de Juan Díaz, San Miguelito y otras han sufrido nuevamente, porque es un hecho repetitivo, graves inundaciones con lamentables pérdidas a sus casas y otras propiedades. Es de todos conocidos que no son exactamente los desechos sólidos los causantes de estos desastres, como resultado de las copiosas e intensas lluvias que nos azotan.
Evidentemente, además del calentamiento global que sufre nuestro planeta, individuos inescrupulosos, a través de sus empresas, han destrozado numerosos humedales, entre ellos manglares, que han sido el reservorio natural de las aguas pluviales y de los numerosos ríos que desembocan en el Pacífico.
En el afán de acumular riquezas y aprovechándose de las necesidades de viviendas, y con el encubrimiento de algunas autoridades responsables del medio ambiente, estos inescrupulosos han construido barriadas que trastocan la naturaleza, con el consiguiente perjuicio de quienes caen en estafas, con la promesa de tener una vivienda libre de las afectaciones que después sufren.
Se sabe científicamente que existe un cambio climático.
Se siente con mayor énfasis su devastación en otras latitudes. Negarlo es incomprensible, ignorante e inmoral. El cambio climático ya no es motivo de discusión. Son hechos comprobados como consecuencia de los cambios en la composición de la atmósfera, provocados principalmente por la quema de combustibles fósiles. El planeta se está calentando, el nivel del mar ha comenzado a aumentar y el hielo se derrite.
El volumen de vapor de agua en la atmósfera aumenta y, por consiguiente, las lluvias seguirán aumentando.
Sin embargo, quienes deben velar por el cuidado del medio ambiente aprueban e intentan cambiar reglas relacionadas con los estudios de impacto ambiental. No solo han aprobado EIA que luego resultan nefastos, sino que no se realizan las adecuaciones pertinentes.
A pesar de pronunciamientos de numerosas organizaciones ambientalistas, sorpresivamente se publica en Gaceta Oficial un reglamento de impacto ambiental, con claras intenciones de debilitar la legislación para fortalecer el oportunismo económico y permitir el desarrollo apresurado y no planificado de actividades impactantes a los recursos naturales.
Se incrementarán las inundaciones, se afectará el nivel de vida de muchos, sobre todo a ciudadanos de bajos recursos, y los paliativos de colchonetas y bolsas de comida cada vez serán menos eficaces, mientras los desarrolladores se llenan los bolsillos frente a una autoridad cómplice y negligente a los desastres naturales.
El autor es periodista