Camino hacia la votación presidencial, el 20 de mayo, la situación en Venezuela decae a mayores profundidades. En sus comunicaciones con el exterior, los venezolanos describen angustiosas condiciones de vida, caracterizadas por una carestía extrema de artículos básicos, falta de acceso a la salud e inseguridad.
El matoneo, los robos, secuestros, amenazas, extorsiones y otros actos delictivos, en los que participan elementos criminales, en asocio de supuestos agentes del orden y grupos paramilitares, mortifican permanentemente a todos los segmentos de la población. A estos abusos y atropellos se suman las crecientes violaciones a los derechos humanos perpetrados por el personal del Estado. De acuerdo con el Foro Penal Venezolano, al cierre de marzo había en el país 234 presos políticos y 7 mil 210 procesados por “motivos políticos” (El Nacional, 2 de abril).
El malestar generalizado alcanza a la tropa, que comparte con el resto de la población condiciones de vida infrahumanas, mientras los jerarcas del régimen disfrutan comodidades inimaginables para el resto de la sociedad. Según la BBC (3 de abril), la detención de 34 cargos militares desde el inicio del año indica que la crisis política ha repercutido en el ámbito militar.
La semana pasada, el incendio en un centro de reclusión en Valencia acabó con la vida de 68 personas. Indiferente ante tamaña catástrofe, a la que solo han respondido tibiamente funcionarios de mediana y baja jerarquía, el gobierno se empeña en reactivar el conflicto fronterizo con Guyana.
Sobre todo, aspira a imponerse en los comicios venideros. Durante una gira europea, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación, no dudó que Nicolás Maduro “va a ganar las elecciones del próximo domingo 20 de mayo” (BBC, 27 de marzo).
El descalabro socioeconómico ha ido de la mano del desmejoramiento político. La democracia venezolana, establecida en 1958, ha dejado de existir. En 2017, Freedom House y The Economist Intelligence Unit clasificaron a Venezuela como un régimen autoritario en sus respectivos índices.
El chavismo, fórmula política basada en el autoritarismo, el populismo y la corrupción, que hace dos décadas controla el poder público, es el artífice de este calamitoso escenario que ha puesto a Venezuela en la ruta hacia un Estado fallido. El índice de fragilidad estatal del Fondo para la Paz (2017) sitúa al país en la categoría de “alerta” en relación con su capacidad para ejercer las funciones de un Estado moderno y democrático. En América Latina, solo Guatemala y Haití tienen puntajes inferiores.
Cómo logró llegarse a esta situación en un país de envidiable riqueza natural, niveles educativos razonables e interesante evolución sociocultural, es un asunto que aún no se explora adecuadamente. El chavismo es directamente responsable, pero no ocurrió en un vacío: es el resultado del desgaste del sistema democrático antes vigente, que tenía por rasgo fundamental la partidocracia.
De acuerdo con el profesor Brewer Carías, los partidos tradicionales venezolanos— principalmente, Acción Democrática (AD) y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei)—hicieron un aporte importante al orquestar, en 1958, una transición de la dictadura militar a la democracia. Al mismo tiempo, instituyeron una partidocracia que estableció un “monopolio de la participación y la representatividad en todos los niveles del Estado y de las sociedades intermedias” (Asamblea Constituyente, 2013, pág. 29).
Los partidos políticos venezolanos, afirmó el profesor Coppedge, monopolizaban los procesos electorales y legislativos e incidían en las organizaciones políticas relevantes a un extremo que violaba el espíritu democrático. De esa manera, obstruían el funcionamiento independiente de los vehículos de representación que operan en otras democracias (como los medios de comunicación, sindicatos y gremios).
Penetradas por la partidocracia, estas organizaciones respondían a los intereses de las cúpulas partidistas, excluyendo a sus asociados y simpatizantes. Estas circunstancias explican la frustración ciudadana hacia la democracia, que fue acentuándose en las décadas de 1980 y 1990 (Strong Parties, 1994, pág. 2).
El amplísimo desencanto que produjo la partidocracia, por su control insaciable del sistema político, abrió las puertas a un liderazgo autoritario, populista y corrupto que desbarató la democracia en Venezuela. Los panameños, que vivimos bajo un sistema ostensiblemente democrático, pero de contenido fuertemente partidocrático, haríamos bien en considerar y examinar cuidadosamente el efecto más perdurable de la partidocracia venezolana: el derrumbe de la democracia.
El autor es politólogo e historiador y director de la Maestría en Relaciones Internacionales en FSU, Panamá.