Con la renuncia del Dr. Martiz, del cargo de director general de la Caja de Seguro Social y su reemplazo con el Dr. Julio García Vallarini, se abre la posibilidad de derrotar a la corriente de pensamiento institucional de conspirar contra la salud de los trabajadores expresada en la inacción desde hace 47 años del seguro de riesgos profesionales y desmantelamiento del Decreto de Gabinete No 68 del 31 de marzo de 1970. En efecto, la administración anterior se dedicó a esquilmar fondos dirigidos a fortalecer la formación de los recursos humanos, la tecnología preventiva y utilizar plazas para el programa de Enfermedad y Maternidad, a pesar de su compromiso con las centrales obreras.
Los cuatro reglamentos que están en la junta directiva se orientan a modernizar las prestaciones en salud y económicas, en este seguro (que cuenta con 800 millones de dólares de reservas). ¿Cuál es el significado del comportamiento de la pasada administración y la nominación de un médico general a la cabeza de la Dirección Nacional de Salud y Seguridad ocupacional sin idoneidad en medicina del trabajo concedida por el Consejo Técnico de Salud? La respuesta es muy sencilla: 1. Razones personales: dadas por el asalto a emolumentos adicionales por un año y 2. Contribuir al desmejoramiento de las prestaciones y servicios de salud a los trabajadores asegurados con el objeto de facilitar su concesión administrativa o privatización a corporaciones internacionales o nacionales. 3) Seguir tapando los huecos y despilfarro financiero del programa de Enfermedad y Maternidad y 4) Destruir fuerza de trabajo al peor estilo neoliberal para abaratar el costo de la misma, a la luz de los cambios en la legislación laboral en el próximo gobierno.
Si la dirigencia sindical no solo no hace referencia a esto y no a las muertes de sus trabajadores, entonces hay que valorarlos como traidores a la clase de trabajadores y su familia.
Para conocer el terreno de la conspiración hay que analizarlas a la luz de las propuestas de modernización (reglamentos) del seguro de riesgos profesionales y de invalidez, en cuanto se refiere a las intervenciones preventivas, de atención médica, calificación de los riesgos profesionales, de la incapacidad permanente e invalidez por enfermedad común, de la incapacidad temporal y prolongada y de rehabilitación y readaptación profesional, emanadas de un equipo de especialistas cuyo corolario es acelerar las prestaciones económicas a los trabajadores después de 47 años de ignominia y desprecio hacia los trabajadores de parte de la junta directiva, los funcionarios de la Dirección Nacional de Prestaciones económicas, de la Comisión de Prestaciones Económicas y la Dirección Ejecutiva de Servicios y Prestaciones en Salud que conforman el triángulo de la muerte de los trabajadores.
Por ello es necesario retomar el laboratorio de toxicología e higiene y microbiología ambiental, abandonado por 15 años, construir los centros de diagnóstico especializado en medicina del trabajo, los módulos de rehabilitación y readaptación profesional e incrementar la capacidad preventiva institucional.
El diagnóstico situacional de la salud de los trabajadores en Panamá (incluye sector formal e informal), pero se estima que el 53% de la información corresponde a trabajadores asegurados y el resto a no asegurados (responsabilidad que le corresponde al Minsa). Los datos obtenidos comparan el registro nacional de los riesgos profesionales, entre 1994-2014, con la estimación estadística de la metodología utilizada por la OIT. El registro y notificación nacional de accidentes de trabajo mortales asciende a mil 55 casos en asegurados (la estimación estadística según el método de la OIT es de 2 mil 221 defunciones por accidentes de trabajo en asegurados); es decir, un subregistro del 53%. La tasa de defunciones por AT promedio es de 4.7/100,000 trabajadores (la estimación estadística del método de la OIT es de 9.48 por 100,000 trabajadores). En cuanto a los accidentes de trabajo no mortales, el registro y notificación nacional asciende a 240 mil 617 (para un promedio de 11 mil 457 casos) en el periodo en mención; en este caso la estimación, según la metodología OIT, es de un millón 714 mil 37 casos (promedio de 81 mil 620 casos por año).
En el caso de las enfermedades profesionales, el registro en la Caja de Seguro Social de enfermedades mortales es de 0, mientras que en la proyección estadística de la OIT es en promedio de 5.8/1000 trabajadores. Cuando se analizan las cifras de enfermedades profesionales no mortales, en el registro de la Caja de Seguro Social el promedio es de 0.35 /1,000 trabajadores, mientras en la proyección de la OIT es de 4/1,000 trabajadores.
A señalar que los trabajadores accidentados o enfermos cobran sus incapacidades hasta dos años después del evento, gracias a la policía administrativa (Departamento de Seguridad Ocupacional) y al aparato jurídico, procedimientos internos y a la Comisión de Prestaciones económicas.
El autor es médico