Las constituciones nacen para ser el arma y escudo de los ciudadanos. Un arma que limita el poder y un escudo contra las arbitrariedades y los abusos del Estado. En nuestro país, la Constitución es una de las pocas normas que no dependen únicamente de la voluntad del gobierno de turno.
Una de las primeras acciones del gobierno fue la recepción de la propuesta de la Concertación Nacional y la remisión automática a la Asamblea Nacional (AN) para que iniciara el debate. Esto debe concluir con la aprobación de las reformas mediante referéndum.
Podría debatirse sobre la legitimidad y representatividad de la Concertación, o incluso, si fue acertada la decisión de remitir directamente el documento a la AN sin modificaciones. Sin embargo, esa no es la intención de este artículo. La AN, independientemente de lo anterior, tenía el deber de llevar un proceso informado, transparente y participativo sobre el debate de este proyecto. Lo anterior, a fin de presentarle a la ciudadanía unas reformas que brindaran una respuesta a los profundos problemas que enfrenta nuestra sociedad. ¿Se está cumpliendo ese deber?
En el considerando de la Resolución de Gabinete que autorizó al Ministro de la Presidencia a presentar la propuesta ante la AN se menciona que estas reformas son consideradas como las “mínimas y necesarias”. ¿Esto cumple las expectativas de la ciudadanía? De ser así, ¿realmente son las reformas propuestas “mínimas y necesarias” para alcanzar una mayor transparencia y equilibrio de poderes? El silencio de este documento sobre ciertos temas, como las medidas para incrementar transparencia, la protección de personas que denuncien actos de corrupción, el conflicto de intereses y los privilegios de ciertos altos mandos, nos hace dudar de ello.
Alguna de las propuestas, incluso, podrían desencadenar problemas e incertidumbre en el futuro, considerando que parecen inclinar la balanza en favor de un Órgano específico. Por ejemplo, no nos queda claro si el nombramiento por parte de la AN de un fiscal especial que deba investigar al procurador general, quien, a su vez, ahora será el encargado de investigar a los diputados, resolverá el problema de impunidad.
Por otro lado, la modificación del proceso de selección de magistrados, que ahora requeriría que el Órgano Ejecutivo solamente pueda considerar a los candidatos propuestos por la Concertación, no va acompañada del reconocimiento constitucional de la organización. Esto podría prestarse a mayores arbitrariedades, por ejemplo, en el proceso de selección de los integrantes de la Concertación.
A lo anterior, se suma el descontento de la población por la falta de consulta y transparencia durante el proceso. Mientras gran parte de los diputados parecen ignorar la trascendencia que tiene un debate constitucional, sectores de la población han alzado su voz, protestando contra el contenido de la reforma.
Las manifestaciones han tenido lamentables resultados. En días pasados, lo que inició como un movimiento ciudadano pacífico, concluyó con el enfrentamiento directo entre Policías y manifestantes, con medio centenar de personas detenidas. La Policía actuó para mitigar los actos vandálicos que se llevaron a cabo, sin embargo, hicieron uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza y violencia contra civiles. Eso es injustificable.
Este debate requiere un proceso ordenado, transparente e informado. Le corresponde al Gobierno consultar y determinar cuál es la verdadera voluntad de la población. ¿Seguir con este debate o convocar a una constituyente?
La autora es miembro de la Fundación Libertad