Consejo de Seguridad Nacional

Contratación de personal externo

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Contratación de personal externo

La contratación de personal externo por parte del Estado no es nada nuevo ni extraordinario. Desde los inicios de la República se puso en práctica. Así, por ejemplo, nuestra primera codificación (1913-1916) se llevó a cabo en su gran mayoría con la participación de abogados locales que no eran miembros del gobierno e incluso abogados extranjeros, como el licenciado Luis Anderson, jurista costarricense, redactor del proyecto de código de comercio, y del doctor Ángel Ugarte, jurista hondureño, encargado de la redacción del proyecto de código penal.

La redacción del anteproyecto de la Constitución de 1946 fue encomendada a tres ilustres juristas que no ocupaban cargo alguno en el gobierno: el doctor Ricardo J. Alfaro, el doctor José Dolores Moscote y el doctor Eduardo Chiari.

Nuestra segunda codificación también contó con abogados externos. El proyecto de código penal fue obra del doctor Aristides Royo, de la firma Morgan y Morgan, mientras que los proyectos de códigos de trabajo y judicial recayeron en el doctor Jorge Fábrega Ponce, acompañado de otros abogados, y ninguno de los mencionados ocupaba en ese entonces puesto público.

El ejemplo más emblemático ha sido la creación de una entidad fuera del gobierno para que se encargara del cobro de los impuestos. Nos referimos a la empresa privada denominada Cobranzas del Istmo, que fue autorizada para tales fines por el expresidente Ricardo Martinelli, mediante Decreto Ejecutivo No. 22 del 17 de marzo de 2010, publicado en la Gaceta Oficial.

Curiosamente, en esa misma gaceta se publicó también el Decreto Ejecutivo No. 263 del 19 de marzo de 2010, creando el Consejo de Seguridad Nacional, expedido también por el expresidente Ricardo Martinelli y que, según don Olmedo Alfaro, uno de sus primeros directores, tenía por misión colaborar estrechamente con el Ministerio Público en la investigación de los delitos. Así lo manifestó en entrevista televisiva con el periodista Álvaro Alvarado del día 12 de enero de 2015.

Esa coincidencia engendró lo que la jurisprudencia y doctrina francesas denominan “suspicion légitime ( véase Fabrice Defferard-“La suspicion légitíme”. Librerie Générale de Droit et de Jurisprudence), teniendo en cuenta las declaraciones de la embajadora americana reveladas por el Wikileaks del señor Julian Assange publicadas en El Panamá América, quien informaba a sus superiores el diferendo con el entonces presidente Ricardo Martinelli, que -según ella- pretendía utilizar el equipo de escuchas, eufemismo por equipo de espionaje, para pinchar los teléfonos de sus adversarios políticos. Diferendo que dio lugar a que Martinelli se decidiera por adquirir su propio equipo “de lucha contra la delincuencia”, que es lo que lo mantiene actualmente preso en El Renacer mientras se ventila el proceso penal en su contra por las escuchas telefónicas sin permiso de la autoridad judicial, de lo que ya hay claro precedente con la condena de la licenciada Ana Matilde Gómez durante el gobierno anterior presidido por el mismo Martinelli.

La lectura de la Gaceta No. 26,493-A es muy instructiva en lo que respecta al Consejo de Seguridad Nacional.

En su artículo 1 señala que ese organismo fue creado como “ organismo consultivo y asesor del Presidente de la República (…)” y según el artículo 3 “(…) está integrado por: 1. El Presidente de la República, quien lo presidirá (…)”. Para lograr su objetivo: “(…) El Consejo impartirá directrices e instrucciones a su Secretario Ejecutivo y demás instituciones del Estado…” , artículo 4 inciso primero.

El artículo 5 menciona entre sus funciones en el numeral 5: “ Garantizar que los planes de seguridad y defensa nacional sean coherentes y cuenten con unidad en su gestión; es decir, que se tomen las decisiones y se ejecuten las acciones en forma coordinada entre todas las entidades que deben velar por la seguridad de la Nación” y en el numeral 11 agrega: “ Las demás funciones que le asigne el Presidente de la República”.

El artículo 17 dispone: “ Para el cabal desempeño de sus funciones, la Secretaría deberá procurar el flujo de información relevante entre las instituciones gubernamentales, y podrá solicitar y deberá recibir, oportunamente, de todas las entidades estatales y de todos sus funcionarios, la información que estime pertinente.

Las entidades gubernamentales y sus funcionarios están obligados a proveer puntualmente, la información veraz y completa así requerida, ya sea en forma regular periódica o de manera específica y especial”.

Finalmente, para no alargar más el ya suficientemente largo escrito, tenemos lo que establece el numeral 7 del artículo 25: “ 7. Celebrar por delegación, contratos y convenios, con entidades públicas o privadas, que sean precisos para el cumplimiento de sus fines”. Esto fue lo que probablemente se hizo al contratar a la firma del licenciado Rogelio Saltarín.

El autor es abogado

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