La corrupción se puede comparar con una enfermedad. Como cualquier padecimiento que no se trata o que se ignora, la corrupción crece y se contagia. En Panamá la corrupción, como en otros tiempos la fiebre amarilla, es de proporciones epidémicas, con resultados catastróficos económicos y morales.
Como todo mal, primero hay que curar y detener la epidemia. Pero los resultados de largo plazo solo los produce la prevención. ¿Cómo y dónde atacarla y prevenirla? La corrupción tiene muchas causas, pero hay cuatro grandes aspectos que concentran mayormente la epidemia y de allí sus remedios y profilaxis. Estos son: el poder discrecional de los funcionarios del Estado, el deplorable estado del sistema de justicia, el estatus privilegiado de los funcionarios públicos y el excesivo tamaño del Estado.
La corrupción solo es posible cuando alguien dispensa en forma exclusiva lo que otro necesita. Esto pasa con los bienes y servicios que provee el Estado que son por naturaleza monopólicos; nadie más te puede dar un paz y salvo, ni darte un permiso de construcción, mucho menos una licencia de manejar o de corredor de seguros. Al revés, los bienes privados no son monopólicos y su abundancia o escasez la decide el mercado; poco se oye que alguien haya pagado una coima para que le vendan pan o por subirse a un bus, ni por abrir una cuenta del banco.
El complemento que hace verdaderamente nefasto la prestación de servicios estatales es que quienes los conceden y/o administran, gozan adrede de mucha laxitud sobre el qué, cuándo, cómo y dónde; otorgar, vender o conceder el servicio público. Allí, la terapia es directa; eliminar los incentivos a la corrupción que surgen la condición monopólica de esos bienes y la discrecionalidad del funcionario. La discrecionalidad se limita despojando al funcionario encargado de su poder de deliberar y de decidir. Su función debe ser verificar y actuar sin dilación.
En los temas del comportamiento humano no hay nada más ejemplarizante que un buen castigo. La cura empieza por el remedio y es necesario que el sistema judicial cumpla su rol. Aparte de las recurrentes acusaciones de corrupción, el sistema de justicia sigue plagado de formalismos y procedimientos enmarañados que además de impedir la aplicación expedita de la justicia son trampas para invalidar y anular encauzamientos.
Mientras la ley no se aplique rigurosamente, las coimas seguirán siendo un riesgo calculado con las probabilidades a favor del coimero y del coimeante. La terapia es la reforma del sistema y el purgante, el adecentamiento y cárcel sin paños tibios de edad o solo para penas mayores a cuatro años.
Para prevenir la corrupción hay también que eliminar la impunidad con que a través del tiempo el derecho administrativo panameño ha revestido a los funcionarios públicos. No solo el funcionario goza de la discrecionalidad sobre los bienes que administra sino que además la ley lo blinda de los posibles ilícitos por encima y en contra del ciudadano común y corriente. La solución terapéutica de este problema está en equiparar los deberes y derechos del funcionario al de los ciudadanos comunes y corrientes. La medicina preventiva está en promover la transparencia y en adoptar un estándar detallado y abierto de la gestión pública de cara al ciudadano; pero con sanciones expeditas por su incumplimiento.
Finalmente, el tamaño y peso del propio Estado son parte del microclima de la corruptela. Panamá es víctima de un Estado gordo e ineficiente, construido y fomentado alrededor de intereses políticos y no para proveer servicios eficientes al ciudadano. Aquí los remedios son varios: reducir la burocracia, desconcentrar la gestión del Estado desmonopolizando actividades y descentralizando decisiones siguiendo el principio de subsidiariedad; que el Estado no haga lo que bien pueden hacer los ciudadanos. Las medidas efectivas para reducir el Estado tienen doble beneficio, limitan la corrupción y liberan copiosos recursos utilizables en mejores cosas para el país y su gente.
El autor es director de la Fundación Libertad