Dentro del índice de competitividad global (ICG), que mide anualmente el Foro Económico Mundial (FEM), el desvío ilegal de fondos públicos a empresas, individuos o grupos es uno de los indicadores que componen el pilar de institucionalidad como parte de uno de los requisitos básicos que debe cumplir una economía para medir su competitividad. Además, están los factores que incrementan la eficiencia y los factores de innovación y sofisticación, los cuales a su vez son afectados negativamente por la desviación de fondos públicos.
La desviación de fondos públicos se deriva de los actos de corrupción, donde funcionarios generalmente con mando y jurisdicción, interfieren en los procesos de adquisición de bienes o servicios en las instituciones del sector público, para favorecer a determinadas personas, empresas o grupos usualmente ligados por algún vínculo familiar, amistoso o de negocios.
En las últimas mediciones del ICG, el indicador de desviación de fondos públicos se ha visto desmejorado, pasando de la posición 65 (de 122 países) en el año 2006, para ocupar la posición 103 (de 144 países) el año pasado. Esta medición se realiza mediante la aplicación de una encuesta a líderes y empresarios de diferentes actividades económicas, quienes emiten su opinión dentro de una escala de valor acerca de los diferentes indicadores que no pueden ser medidos mediante datos cuantitativos.
La metodología para realizar la medición descrita en el párrafo anterior, expresa que la puntuación y posicionamiento de la desviación de fondos públicos para cada país, es una medida relativa de la percepción que tienen los diferentes líderes y empresarios que contestan la encuesta de opinión, en la cual la puntuación específica del indicador para el caso de Panamá, alcanza apenas las tres (3) unidades de un total de siete (7) alcanzables para estar en el escenario ideal de cero percepción en la desviación de fondos públicos.
Ahora, pasamos a preguntarnos: ¿cómo afecta la desviación de fondos o la corrupción -en un contexto más generalizado- a la competitividad de un país? La respuesta es categórica y contundente, ya que los actos involucrados en dichas faltas erosionan la institucionalidad de las economías.
Específicamente se pueden mencionar algunas dimensiones de los estragos de la corrupción en las instituciones del Estado, como por ejemplo, la destrucción de los sistemas de control y regulaciones de los procesos administrativos, toda vez que se tiene como propósito esquivar los mismos para llevar a cabo los actos indebidos, y la imposición de medidas o políticas de corto plazo que tienen como objetivo favorecer intereses particulares en lugar de buscar el bienestar común.
Otro aspecto negativo de la desviación de fondos públicos, es el deterioro y subdesarrollo de la infraestructura que se requiere para que los servicios de salud, educación, transporte, saneamiento, comunicación, comercio, entre otras, puedan llegar en suficiencia y calidad a toda la población, ya que la disponibilidad de los recursos estará limitada por negociaciones indebidas y por la ineficiencia que se genera en el mercado, creando un círculo vicioso que solo puede romperse pagando costos económicos y políticos muy elevados.
En conclusión, no cabe la menor duda de que la desviación de fondos públicos y la corrupción son males que deben ser erradicados por completo para que las instituciones y la economía puedan operar eficientemente.
Un sistema de justicia oportuno, transparente y equitativo es indispensable para garantizar el castigo a quienes cometan tales actos indebidos, pero más importante todavía, es la actitud de quienes gobiernan y ocupan cargos públicos, ya que somos los propios individuos quienes tenemos el deber ciudadano y patriótico de obstaculizar y/o evitar cualquier acto que vaya en detrimento de la competitividad y el desarrollo del país.
El autor es analista del Centro Nacional de Competitividad