Me había hecho el propósito de no volver a argumentar sobre el vergonzoso asunto de la corrupción y su compañera la impunidad porque de ese tema escriben, y mucho mejor que yo, muchos comunicadores casi todos los días y aquí no pasa lo que todos los panameños decentes queremos: que la justicia deje de ser selectiva y se lleven a prisión a todos los culpables de este oprobioso delito, caiga quien caiga. Sin embargo, a riesgo de ser repetitivo en medio de la lluvia de artículos sobre el asunto, consideré al final pertinente insistir en la necesidad de reflexionar y ponerle coto a los efectos de la corrupción en el desempeño de nuestro sistema de salud.
Inicio poniendo de relieve que entenderemos como corrupción el “comportamiento abusivo que se desvía de las funciones naturales del cargo público, para atender beneficios particulares, a título de ganancias pecuniarias, posiciones sociales, prebendas o cualquier otro tipo de privilegios para sí mismos, familiares o círculo de amigos” (Nye, 1967). A fin de cuentas, estaríamos frente a un sistema político clientelista basado en intercambios de votos por dinero y apoyos electorales por contratos. Los incentivos en su interior premian el delito y castigan la probidad, promueven a los oportunistas y hunden a los buenos. Con esto en mente, los invito a examinar el desempeño de nuestro sistema de salud en busca de elementos que evidencien o nos hagan sospechar de la corrupción como factor subyacente a nuestros males.
Comencemos preguntándonos si en los últimos años nuestro sistema de salud ha estado dirigido por profesionales de probada excelencia académica, experiencia y solvencia moral y ética, los cuales llegaron a sus puestos mediante un sólido y transparente concurso de oposición, o por el contrario, salvo algunas honrosas excepciones, ascendieron gracias al “clientelismo político”, junto con un “consejero” de elevado costo, todo lo cual favorece la ejecución sin adecuados controles de cuantiosos presupuestos, lo que permite la contratación de diversos asesores, la realización de contratos millonarios para la ejecución de construcciones donde no hacen falta; o las compras de equipos y medicamentos costosísimos mediante compras directas favorables a la industria que ofrece los productos y que en no pocas ocasiones tiene relaciones directas con la clase gobernante y sus asociados.
Analicemos si la misma condición ha sido válida para ocupar los puestos técnicos de elevado perfil en los niveles centrales del Minsa y la CSS, así como en la dirección de hospitales y centros de salud. Si no ocupan esos puestos nuestros mejores hombres y mujeres, entonces nuestro sistema de salud será ineficiente y desorganizado, propenso al despilfarro y al uso indebido de los recursos, generando una atención de mala calidad y calidez, sin supervisión y apoyo efectivo, que se hace evidente en las quejas casi diarias de nuestros ciudadanos porque no hay citas médicas, no hay medicinas o las esperas para un examen o una cirugía son muy prolongadas, dándose en ocasiones el caso que cuando llegó la cita ya el paciente había fallecido.
Pero también son corruptos aquellos que se aprovechan de la ineficiencia y desorganización que prevalece para recibir sin empachos un salario por ocho horas de trabajo, cuando solo se labora cuatro horas, incumpliendo con la atención de calidad que espera y merece el paciente público, porque hay que llegar a la clínica privada antes del mediodía. O recetar los medicamentos más costosos, a sabiendas de que no están en el cuadro básico, para favorecer los intereses del representante de la industria farmacéutica, quien premiará al prescriptor con viajes y participaciones en congresos. O inducir con disimulo a los pacientes a visitar el consultorio privado, donde serán tratados con más calidez, y si lo necesitan, serán operados a tiempo, eso sí, pagando de sus bolsillos en forma directa o por medio de un seguro privado elevadísimos costos para recibir esa atención de calidad que deberían recibir en el sistema público.
Al final cada uno sacará sus conclusiones, a mí no me cabe duda de que para erradicar los males que nos aquejan el Ejecutivo debe brindarle todo el efectivo apoyo político, estratégico, técnico y financiero a la propuesta de la Comisión de Alto Nivel; al fortalecimiento de la capacidad del Minsa para el ejercicio de su función rectora y al mejoramiento de la capacidad de gestión pública, perdiendo el temor y la desconfianza, eliminando la injerencia de los intereses políticos, económicos y gremiales. Haciendo una gestión “tecno-política” pero estratégica, efectiva, transparente y enfocada en la equidad.
El autor es ciudadano