Filipinas

La Corte Penal Internacional

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Mediante un comunicado de prensa del 8 de febrero de 2018, la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció la apertura de un examen preliminar en contra de ciertos funcionarios filipinos por la posible comisión de crímenes de lesa humanidad. Dicha iniciativa tiene como propósito recabar la evidencia necesaria para formalizar una investigación y abrir un caso en contra de estos. En respuesta, el presidente Rodrigo Duterte retiró a Filipinas del Estatuto de Roma (ER) de la CPI al notificar al secretario general de las Naciones Unidas la denuncia de dicho tratado internacional en los términos exigidos en su artículo 127 .

La reacción de Duterte pareciera buscar la impunidad de sus funcionarios mediante la sustracción de la competencia de la CPI para juzgarlos en caso de que la fiscal formalice la acusación. A pesar de que pareciera ser una buena estrategia, considero que no es jurídicamente sostenible, porque la competencia temporal de la CPI (ratione temporis) para juzgar dichos crímenes subsiste hasta después de que el ER haya sido denunciado. Los redactores del ER fueron cuidadosos en este aspecto, pues a fin de evitar que los Estados utilizaran subterfugios análogos para evadir sus responsabilidades, establecieron en el artículo 127 (2) del ER que la denuncia no eximen del cumplimiento de las obligaciones que le incumbiera al Estado mientras era parte del ER; y término específicos, dicho artículo enfatiza que la denuncia no suprime la obligación del Estado de cooperar con las investigaciones y enjuiciamientos que hayan iniciado antes de que la denuncia surta efectos. Esta disposición reitera el contenido del artículo 70(1)(b) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, cuyo texto establece que salvo acuerdo en contrario, la terminación de un tratado no afectará las obligaciones y situaciones derivadas de su ejecución antes de la terminación. Lo anterior, en otras palabras, significa que de acuerdo a estos artículos, la CPI podría juzgar a los funcionarios filipinos por los crímenes cometidos mientras el ER era vinculante para Filipina, sin importar que el juicio tenga lugar después de que el tratado haya sido denunciado.

Si la acusación de la fiscal llega a prosperar, los defensores podrán objetar la competencia de la CPI; y puedo asegurar que el argumento principal estará basado en la falta de jurisdicción temporal por las razones expuestas. De ser así, será importante tener presente que esta no sería la primera vez que la CPI tendrá que decidir sobre la admisibilidad de un caso impugnado por falta de jurisdicción ratione temporis. En el caso de Burundi, por ejemplo, la Sala de Cuestiones Preliminares III (SCP) confirmó que la denuncia del ER no es un obstáculo para que la CPI juzgue a los responsables de los crímenes cometidos mientras el país era parte del ER, lo que permite concluir que la CPI conserva su jurisdicción sobre los crímenes cometidos antes de que la denuncia se perfeccione.

La jurisprudencia internacional sostiene que los tribunales penales internacionales son competentes para determinar el alcance de su jurisdicción temporal (ver caso sobre genocidio de la Corte Internacional de Justicia, párrafo 34), de modo que la competencia de la CPI estará definida por la interpretación que la SCP realice sobre el ER, y no por las opiniones del presidente Duterte. Siendo así, considero que Filipinas debe abstenerse de entorpecer la investigación y enjuiciamiento de sus funcionarios sin importar el cargo, de lo contrario, estaría ahogando a la CPI en el mar de la impunidad.

El autor es abogado y profesor de derecho internacional.

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