No cabe duda de que el presidente Juan Carlos Varela, sin necesidad real alguna, ha sido excesivamente lento (por no decir lerdo) e irresponsable en su manejo de numerosos asuntos que, dependiendo en buena medida de él, atañen al país como un todo. El más reciente es el que se refiere a los proyectos de ley enviados al Ejecutivo meses atrás por la Asamblea Nacional a fin de que los objete o sancione como leyes de la República, y cuyo periodo de evaluación se venció en diciembre pasado.
Se trata de, al menos, 20 proyectos de ley, de muy diversa índole, que ahora le toca validar, mediante su promulgación, directamente a la Asamblea en la Gaceta Oficial. Y parece que así lo ha empezado a hacer en la práctica, asumiendo su autoridad, la actual presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego, por lo cual hay que congratularla.
Porque no existe justificación alguna para ese retraso ni razonamiento que pueda excusar la vergüenza de tal desenlace. Si hay desacuerdo con todo o con partes de una futura ley de la República, el presidente puede vetarla y devolverla a la Asamblea; lo que no debe hacer es no hacer nada.
Por suerte, la Constitución prevé muy claramente casos como estos en sus artículos 169 y 172, tal y como lo explica el diario La Prensa en una noticia al respecto oportunamente publicada el 14 de febrero.
El otro asunto de actualidad es la escogencia de los dos magistrados pendientes de la Corte Suprema de Justicia, tras el abrumador rechazo sufrido por las candidatas por el pleno de la Asamblea poco antes de los carnavales y, sobre todo, por la sociedad civil en general. Razones de peso hubo para ello y, jugando con las palabras, podríamos perfectamente afirmar que tanto era así que además la fuerza de dichas razones hacía que “se cayeran de su peso”, como dice el dicho.
Y ahora, temeroso de la sabiduría popular y de la de lúcidos profesionales ajenos a la política, se les niega la posibilidad de participar en las propuestas y discusiones de nuevos candidatos a la Corte, por más que es sabido que el presidente es quien finalmente decide a quién proponer. En todo caso, es sabido que lo que idealmente se busca es alguien que no tenga compromisos personales, familiares ni políticos con el Ejecutivo ni con el partido en el gobierno, aunque además de ser profesional idóneo tenga un sólido prestigio moral.
Pero todo indica que ese ideal jamás será cumplido mientras exista la tentación, además de la posibilidad, de componendas con miras a un blindaje futuro por debajo de la mesa. Es la parte abominable de la política, y lamentablemente algo que siempre ha sido así. Razón de más para tratar de cambiarla.
Y la única manera es la presión popular, en las calles, mientras exista en este país libertad de expresión.
Finalmente, otro talón de Aquiles del actual gobierno es esa hidra de mil cabezas llamada corrupción, que ha ido minando a no pocos funcionarios del gobierno anterior y a muy pocos de este. Por ejemplo: se ha querido echar tierra a la “donación” hecha de maneras indirectas por Odebrecht a la campaña del presidente, lo cual tuvo que saberse a través de varias revelaciones (Ramón Fonseca Mora, mediante declaración periodística; Jaime Lasso, por una declaración ante el Ministerio Público).
Pero tarde o temprano, durante este gobierno o en el siguiente, es muy posible que el asunto reflote. Sobre todo a la luz del hecho cierto de que pese a todo lo que internacionalmente se ha sabido sobre los delitos confesos de dicha trasnacional, esta continúa trabajando muerta de la risa en Panamá. ¡Cosas veredes, Sancho!
El autor es escritor