En todo gobierno, siempre se escucha hablar de “costo político”. Pero, ¿qué significa ese concepto contable, apropiado por la élite partidista de nuestra democracia representativa, y cómo repercute en quienes los elegimos?
Intuitivamente, podríamos relacionarlo con la pérdida que asumiría algún político o partido por la toma de una decisión, apoyo a una postura sobre algún asunto relevante o por su inacción ante una situación en concreto.
Como bien lo advertía el 29 de noviembre de 2009 Luis Rubio, en su artículo Costo Político, publicado en www.cidac.org, este se ha convertido en “un argumento salido de la nada que sirve para explicar y, sobre todo, justificar cualquier cosa (...), también es cierto que el término se ha convertido en una excusa para no hacer nada”.
Y es que categorizar la acción o inacción a propósito del gobierno electo, por las expectativas políticas futuras que mantengan sus representantes, es realmente “costoso”, pero no para los partidos que quieren gobernar o permanecer gobernando, sino para todos los gobernados.
El argumento de “costo político” halla sustento en el deseo del político electo de constituirse como referente de primera opción entre su electorado.
El político electo valora lo que le conviene hacer y no hacer (costo-beneficio), conforme a los intereses que lo han puesto en esa posición. Ahora bien, ¿y qué ocurre con el bien común, con el interés público de servir al país? Pues lamentablemente, o pasa a segundo plano o es descartado.
Ciertamente, que por nuestro sistema democrático se paga, y se seguirá pagando mucho. Sin embargo, si los ciudadanos hiciéramos un análisis del costo-beneficio de nuestro sistema, como un producto de la economía de mercado, nos percataríamos de que este cuesta demasiado para el pobre rendimiento que obtenemos.
Sin entrar en cifras de cuánto nos cuesta a los ciudadanos el sistema democrático (desde el proceso electoral por el que se escogen a nuestros representantes, hasta el funcionamiento del Estado), que un gobierno en ejercicio decida en base al “costo político”, para actuar o no, debería hacernos reflexionar. ¿Es qué acaso los políticos electos no están en deuda con quienes los elegimos para servirnos? Y al existir esta deuda, ¿no debería permanecer presente este concepto en las mentes de quienes nos gobiernan, y retribuirnos conforme?
La deuda política existe desde el momento en que de nuestros impuestos se designan fondos para subsidios electorales, con los que los partidos existentes y los aspirantes a puestos de elección pueden sufragar sus campañas, para que los consideremos a la hora de votar. Esa deuda política se incrementa con creces cuando son reconocidos por el Tribunal Electoral como ganadores de los cargos a los que se postularon.
Esta deuda política persistirá mientras ejerzan el cargo por el periodo correspondiente, y administren el erario. Inclusive, esa deuda seguirá incrementándose, pues las acciones e inacciones del gobierno generan siempre efectos a futuro.
Ojalá que para las próximas elecciones nuestros políticos hablen más de “deuda política” y menos de “costo político”.
El autor es abogado