POLÍTICA

Crisis en el alma de la democracia

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Hace 10 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó el 15 de septiembre como el Día Internacional de la Democracia, entendiendo la misma como un valor universal basado en la voluntad libremente expresada de los pueblos de determinar su propio sistema político, económico, social y cultural en la participación plena en todos los aspectos de su vida. Entendiendo también que un sistema democrático incluye el desarrollo y el respeto a las libertades fundamentales y los derechos humanos como ejes interdependientes y que se refuerzan entre sí… o se debilitan entre sí. A menores libertades, menores instituciones democráticas, a menor desarrollo, menores libertades.

Otras “patologías políticas”–como la violencia, el autoritarismo o totalitarismo, la explotación económica de castas y el estancamiento— son obvias debilitadoras de los tres ejes: democracia, desarrollo y libertades. Todos los miembros de la sociedad las entendemos como tales y por eso las combatimos so pena de vida o muerte del sistema democrático. Pero la corrupción, entendida como el uso indebido del poder público para favorecer intereses privados que lesionan a la colectividad, no es comprendida de la misma forma amplia como una patología destructora de estos tres ejes, como lo es, por ejemplo, el robo de unas elecciones libres o la represión pura dura de los derechos humanos. Y, sin embargo, la corrupción es hoy el mayor enemigo de las nuevas democracias en la región latinoamericana, que vivió dictaduras militares corruptas y enemigas de las libertades en casi todos sus países y en la que todavía sobreviven dos oprobiosas, Cuba y Venezuela.

A primera vista, los escándalos comunes que genera la corrupción plantean temas prácticos que parecieran centrarse en cómo el Estado ejerce su gestión y no en las estructuras mismas de la democracia. Ocupan las primeras planas los casos de corrupción en las contrataciones públicas, los conflictos de intereses, la financiación de campañas políticas, el clientelismo, la justicia parcializada que permite la impunidad, la falta de confianza pública y la debilidad de la ética profesional entre los funcionarios, entre otros. Es tentador caer en la confusión mediática y pensar que el problema está en las personas del sector público y privado involucradas en gestiones deshonestas… y que la solución está en castigarlos y elegir nuevas personas que prometen lo contrario. La historia reciente lo desmiente.

En los días históricos que vivimos, a 27 años de la “nueva democracia” panameña, somos testigos de que, en cada nueva administración, desde Pérez Balladares, Moscoso, Torrijos y Martinelli, los casos de corrupción fueron en aumento en todo: mayor número de casos, de involucrados, de ramas del gobierno, de millones de dólares robados al erario, de sofisticación de los crímenes, culminando con el cenit del crimen organizado de la gestión de Odebretch. Si trazáramos la ascendencia, nos saldríamos de la gráfica. ¿Se frena la ascendencia de la corrupción en la administración Varela? La historia reciente prueba que no hay manera de saberlo hasta el próximo cambio de poder político, máxime que el Estado ha seguido funcionando casi bajo el mismo marco regulatorio que nos dejó la administración Martinelli y ha seguido contratando a empresas corruptoras. Lo que es un hecho es que en esta administración el Ministerio Público ha iniciado investigaciones por corrupción sin precedentes en estos 27 años, que han arrojado luz a las deficiencias del sistema de administración de justicia.

¿Qué consecuencias tenemos? Democracia, desarrollo, libertades y derechos humanos están siendo socavadas por el efecto de la corrupción al nivel más básico: el de las ideas. Hoy, en Panamá, como evidencia el informe 2016 de Latinobarómetro, solo un 45% de la población apoya la democracia como tal y un 77% apoyaría la “mano dura” del gobierno (léase mermar las libertades fundamentales) para resolver los problemas de gobernabilidad. Tenemos una crisis en el alma de nuestra democracia, 52% piensa que cierto grado de corrupción puede ser tolerada si el gobierno “resuelve” los problemas básicos del país, pero somos unos de los países en que la mayoría de la población encuentra justificado evadir impuestos por la corrupción gubernamental. ¿Cómo podemos construir una democracia duradera de esta forma? La corrupción es el enemigo que precede el que las soluciones de mesías populistas parezcan respuestas viables. ¿Lo vamos a permitir?

La autora es directora ejecutiva de Transparencia Internacional

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