ENCRUCIJADA

Crisis en la educación particular

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Mucho se ha discutido sobre la difícil situación de los colegios particulares ante el aumento de los salarios en el sector docente debido a los acuerdos de finalización de huelga; pactados con gremios magisteriales del sector oficial y garantizados por el Decreto Ejecutivo 879, acuerdo que no fuera consultado con el sector particular, a pesar de las oportunas advertencias que se hicieran sobre el impacto negativo que acarrearía en los centros de educación particular.

Es importante resaltar que el cumplimiento de estos acuerdos pone en riesgo la apertura y sostenibilidad de muchos colegios particulares para 2018, considerando que el costo de la planilla en un colegio particular representa entre el 65% y el 70% de los ingresos de un centro.

Ahora, comprendiendo la ruta en la que se direcciona el problema actual solo nos queda preguntarnos, ¿qué hay debajo de la punta del iceberg? ¿Por qué un Estado democrático debe sustentar, apoyar y asegurar el sistema de educación particular?

Por definición, la educación, bajo el enfoque en los derechos humanos, consiste en la promoción de la cohesión, la integración y la estabilidad social, contribuyendo a una transformación social positiva y produciendo mejores resultados con miras al desarrollo económico de los individuos.

La razón de ser de una escuela es la formación en valores y habilidades sociales que, partiendo de la familia, son transmitidos dentro de un quehacer escolar, complementando la tradicional definición de educación como la suma de contenidos académicos que hacen el saber curricular del centro.

El derecho a la educación garantiza el desarrollo de una sociedad, la que se fortalece a través de la mera existencia de este doble sistema: público y particular, asegurando así el derecho constitucional a la educación y a la libertad de enseñanza.

El sector de educación particular ofrece un abanico de opciones educativas basadas no solamente en lo estrictamente curricular, sino en la axiología o ideologías, creencias, ideas y religiones que matizan la sociedad panameña, y garantizan el derecho de cada grupo familiar a escoger el modelo de educación que desea para sus hijos.

Se concluye entonces que esta crisis no solo afecta a los administradores y dueños de colegios, sino a la familia y a cada grupo social de nuestro país.

Panamá es un crisol de razas y con ello de lenguas, creencias y tradiciones. Los diferentes grupos que conforman nuestra nacionalidad han establecido a lo largo de los años de desarrollo democrático escuelas con religiones, idiomas e ideologías diferentes, todo tamizado y tejido dentro de un currículo único que amalgama el alma misma de la nacionalidad panameña.

El artículo 72 de la Ley 47 Orgánica de Educación establece que el Estado reconoce la educación particular y la apoya por ser un derecho fundamental de las personas, de las familias y de las asociaciones.

Cometemos el error de pensar que la educación particular es para un grupo selecto y minoritario, nada más alejado de la realidad de nuestro país.

Es por ello que todo Estado democrático tiene el deber de asegurar la viabilidad de acceso a la educación y de la formación de colegios particulares acorde a lo preceptuado por la ley.

Pensemos: ¿Qué pasaría si en un Estado democrático la sociedad no tuviera el derecho a agruparse y a participar? ¿Aceptaríamos un único sistema educativo doctrinario e igualitario? Las respuestas son simples: nos convertiríamos en un Estado no democrático y un único modelo educativo no es aceptable.

Como sociedad debemos buscar soluciones para la educación en general, pues sería peligroso y contrario a la Constitución y al bien común, el no asegurar el principio de libertad de enseñanza que descansa en parte en la posibilidad de la creación y subsistencia de centros educativos particulares en nuestro país.

El autor es educador

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