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Crisis de refugiados, el dilema turco

Turquía abrió puertas para elevar su influencia. Más de dos millones de refugiados sirios y un cuarto de millón de iraquíes viven en Turquía y su número no deja de crecer.

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Se estima que desde la fundación de la República de Turquía, en 1923, hasta el inicio de la década pasada han llegado al país algo menos de dos millones de refugiados e inmigrantes, en su mayoría personas de etnia turca o religión musulmana que huían de la persecución en los Balcanes, el Cáucaso y Asia Central. Solo desde 2011, Turquía ya ha superado esa cifra: más de dos millones de refugiados sirios y un cuarto de millón de iraquíes viven en Turquía y su número no deja de crecer.

La política turca de “puertas abiertas” hacia los refugiados de Siria se ha basado, según el director del Centro de Investigación sobre las Migraciones de la Universidad de Koç, “en la asunción de que el conflicto llegaría a una conclusión rápida, lo que permitiría a los desplazados sirios regresar a casa”. El Gobierno turco, primero con Recep Tayyip Erdogan y después con su delfín, Ahmet Davutoglu, pretendía con esta generosidad incrementar su influencia en una eventual Siria sin Bashar al Assad. Pero la guerra civil en el país vecino no tiene visos de terminar a corto plazo, algo que, a juicio de Içduygu, ha ido acompañado de la “ausencia de guías políticas generales” sobre qué hacer con los refugiados. Ello provoca una continua incertidumbre sobre el futuro de estas personas, consideradas “huéspedes temporales”.

Los huidos sirios en Turquía no son oficialmente refugiados, ya que cuando Ankara firmó la Convención de Ginebra de 1951 incluyó una cláusula en la que limitaba la concesión de dicho estatus a los que procedían de territorio europeo. En 2012, el Gobierno turco otorgó“refugio temporal” a quienes huían de Siria, pero no fue hasta otoño de 2014 cuando una nueva regulación dio verdadera protección legal a los sirios, permitiendo su acceso a los servicios sociales y al mercado laboral. El problema, subraya el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias (ICMPD), es que estas resoluciones “son de naturaleza provisional” y “a largo plazo no les garantiza una residencia permanente y no permite a los refugiados planear su futuro”. Según Murat Erdogan, investigador de la Universidad Hacettepe, el hecho de ser reconocidos solo como “huéspedes” causa en los refugiados sirios “inquietud, desesperanza y preocupación por sus hijos, a los que llaman ‘la generación perdida”.

Turquía ha destinado hasta el momento 7 mil 600 millones de dólares –de los que solo 418 han sido aportados por la comunidad internacional–, a atender las necesidades de los sirios, principalmente de los 263 mil 680 que residen en los 25 campos de refugiados de la Dirección de Gestión de Emergencias y Desastres de Turquía en las provincias cercanas a la frontera. A ello hay que añadir otros tantos campos y decenas de casas de acogida gestionados por Ayuntamientos y oenegés para refugiados kurdo-sirios e iraquíes.

A la manutención se suma el coste en atención sanitaria y educativa. Se han realizado 4.7 millones de visitas médicas en campos y más de 5.6 millones en hospitales. El Gobierno turco ha reservado este curso unas 70 mil plazas para estudiantes sirios en turnos vespertinos en los colegios, y diversas organizaciones –muchas de marcado cariz religioso y financiadas por Arabia Saudí y Qatar– dan educación a más de 100 mil niños sirios fuera del sistema reglado. Pero no basta: dos de cada tres menores están sin escolarizar.

Aquellos que optan por trabajar en Turquía se enfrentan a numerosos problemas. “Con la tarjeta que te dan puedes ir a una escuela o al hospital, trabajar o abrir un negocio. Pero no puedes hacer otras cosas normales como poner a tu nombre el recibo de la luz, el gas o internet”, se queja Adnan, procedente de Damasco y propietario de un restaurante en Estambul. En el caso de los empleados por cuenta ajena es habitual ser “objeto de explotación y condiciones laborales degradantes”, dice un informe del ICMPD, que también denuncia un incremento de la explotación sexual en prostíbulos de la frontera.

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