Las recientes declaraciones de la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, referentes al magistrado presidente (interino) de la Corte Suprema de Justicia, es una estocada más a la ya destruida credibilidad y dignidad de la administración de justicia que viene a confirmar la decadencia del sistema judicial en Panamá.
Todo el sistema judicial panameño está en grave crisis, y esto ya tiene sus años, su historia. Ya nadie cree en el Órgano Judicial ni en el Ministerio Público, que están viciados por una corrupción incesante que transita todos los niveles, en una carencia de independencia, de principios éticos y morales, en los tentáculos de la influencia política desde el Ejecutivo y el Legislativo, entre otros factores.
Si los más altos funcionarios del Órgano Judicial y el Ministerio Público conocieran las palabras vergüenza y dignidad, ya habrían renunciado en pleno para dar oportunidad a una verdadera y democrática transformación de todo el sistema de administración de justicia, que requiere de un análisis y debate profundo y participativo, tanto en la academia como en los sectores de la sociedad, sobre las soluciones efectivas y de carácter estructural, con el objetivo de revertir la imagen venida a menos de la administración de justicia.
Para ello, como integrantes de la sociedad tenemos que asumir el compromiso ético de promover el cambio desde nuestras familias, comunidades, lugares de trabajo, organizaciones civiles y exigir al Estado esas transformaciones con urgencia. No debemos tener miedo en protestar y en exigir los cambios. Como dice una frase del escritor franco-estadounidense Elie Wiesel: “Puede haber momentos en los que no tenemos poder para prevenir la injusticia, pero nunca debe haber un momento en que fracasemos en protestar”.
La autora es abogada