Es evidente que la preocupación actual del nuevo director de la Caja de Seguro Social de Panamá, que pertenece a los asegurados, viene a corroborar las fallas, delitos y abusos que se han cometido contra la única institución de seguridad social que atiende a miles de panameños que no tienen acceso a otros centros hospitalarios o de salud. Y este es uno de los temas centrales que deben llamar la atención a los asegurados, la gran mayoría, de escasos recursos, y que cotizan para encontrar una solución expedita en los casos de crisis social y familiar.
El actual director de la Caja no ha sido el primero que ha puesto el dedo sobre la llaga. Otros directores con la misma firmeza, trataron de poner orden al relajo interno de la Caja, motivado por el personal de forma generalizada, salvo algunas excepciones, que reconocemos que sirvieron y sirven a la institución y, por ende a los asegurados, con lealtad, entrega total y cariño. He aquí una de las penosas debilidades que ha señalado el nuevo director de la Caja, señor Martiz, con firmeza y carácter. Su postura heroica que he de llamar, tiene que recibir el respaldo de los asegurados de una manera efectiva y contundente. Si de verdad se pretende acabar con el “relajo en la Caja de Seguro Social”, y hay el coraje y el valor para hacerlo, debemos ser solidarios todos los sectores, organizaciones y la sociedad civil, con esta postura profiláctica que ha señalado el director de la única entidad social del pueblo panameño. Pero igualmente, si existen las evidencias de los errores e irresponsabilidades de cualquier tipo de funcionario pagado por los asegurados que erosionan la Caja y por ende, la dignidad de los asegurados, la lógica indica que se deben adoptar sin miramientos ni temores, las medidas legales y pertinentes encaminadas a sanear la institución del cáncer que por muchos años carcome la intimidad de este centro de salud, llamado a paliar las dificultades sociales del pueblo panameño.
Existe en otros países la figura novedosa de “defensor del asegurado”. Sin pretender crear nueva burocracia perjudicial para el Estado, conceptúo que se debiera analizar esta nueva opción, ante una junta poco beligerante que no rinde informe a la sociedad, codueños de la institución. Este noble principio de protección de la seguridad social, que puede funcionar en las oficinas de la Defensoría del Pueblo, será una institución social garante de los derechos de los asegurados, con una nueva visión encaminada a proteger el patrimonio económico tantas veces saqueado de la Caja de Seguro Social de Panamá y, en consecuencia, con miras a garantizar a los asegurados una permanente vocería crítica ante el director de la Caja de Seguro Social en toda gestión encaminada a mejorar la imagen de la institución central y provincial. Representa, no obstante, acciones complejas, pero no imposibles de imponer frente a una quiebra o muerte anunciada que no debemos permitir.
El autor es exlegislador