En todos los medios de comunicación social son noticia del día las denuncias y querellas de diferentes índoles. Las que más parecen interesar a los lectores o televidentes son las denuncias que involucran a políticos, miembros de los gobiernos actuales y anteriores (locales y extranjeros), y contra los presidentes o importantes y destacados empresarios.
Así, los panameños nos enteramos de las denuncias contra el presidente de Venezuela, contra los de nuestros vecinos de Colombia, Costa Rica y Guatemala, contra el del Ecuador o el de Argentina y Brasil... ¡ah!, el de Nicaragua y México.
Lo cierto es que ahora la tecnología nos permite seguir muy de cerca el desarrollo de los acontecimientos que conmueven la opinión pública en otros países, incluso al nuestro ahora en democracia y con libertad de expresión.
En nuestro país, proliferan las denuncias públicas en casi todas las esferas gubernamentales que nos hacen arquear las cejas por la naturaleza de los diferentes delitos que se publican.
En países europeos, en Estados Unidos y algunos países latinoamericanos, hemos podido constatar que muchas denuncias las hacen ciudadanos, funcionarios o entidades responsables que logran que la denuncia sea acogida e investigada debidamente y, cuando se llega a las conclusiones de posible culpabilidad del denunciado, se procede a las formalidades legales (cumpliendo con el debido proceso) para juzgar al implicado. Si se le encuentra culpable, se le condena conforme a las leyes vigentes. Incluso, expresidentes han sido enjuiciados y encarcelados.
Los delitos contra el Estado y la fe pública prosperan cuando hay corrupción gubernamental y, en muchos casos, los que custodian y procuran la ley se convierten en encubridores de los delincuentes y los salvaguardan del rigor de la aplicación de las sanciones correspondientes.
En Panamá han proliferado, alarmantemente, las denuncias contra diferentes miembros de los poderes del Estado y de distintas instituciones gubernamentales de diferentes gobiernos de turno, sin que las investigaciones de rigor y el consiguiente enjuiciamiento hayan prosperado con la prontitud y diligencia que exige el debido proceso, en un Estado de derecho y en una democracia como la que vivimos y disfrutamos hoy los panameños.
Por eso, es de fundamental importancia que las leyes y los que ocupen esos cargos de legislar y aplicar las leyes y el orden público sean personas realmente idóneas, con independencia de criterio, con soberanía sobre sí mismas, insobornables y de intachable reputación.
El autor es abogado