Vernáculamente bautizada como “veda” electoral, se le conoce a la correspondiente restricción al ejercicio de derechos políticos con rango constitucional, que acreditase la presea dorada en la arena de las más graves enfermedades de nuestra democracia. La sana aspiración primera: evitar con la “veda” el atosigamiento de propaganda electoral, quedó desvirtuada por un virus antidemocrático que impide, vía legal, que tanto partidos políticos como sus dirigentes realicen las funciones que les competen por naturaleza. La comunidad no solo anhela conocer lo que piensan los opositores, sino que tiene derecho a escucharlos. Y en democracia, vivir en libertad exige de los gobernantes que garanticen ese derecho, no que la restrinjan. Aunque fue un engendro de todos los sectores políticos, le toca al gobierno de turno asumir sus correctivos. Esas son las reglas del juego. Cierto que la materia estrictamente electoral es de privativa competencia del TE, pero la protección de los derechos ciudadanos compete a las autoridades nacionales; finalmente, al Ejecutivo.
La sana intención de combatir la corrupción desde su cuna e impedir infiltraciones de dinero sucio en las campañas, motivaron con la “veda” la fijación de topes en el financiamiento, así como procedimientos que garantizan igualdad de condiciones de todos los contendientes en la promoción de sus respectivas propuestas. La búsqueda de equidad en cualquier campo siempre es un propósito loable en democracia, lamentablemente, no se eliminaron los más de 3 mil “promotores deportivos y comunales” que tienen los diputados para reelegirse. Un Estado de derecho demanda en este renglón, una regulación respetuosa de los principios básicos del orden jurídico imperante.
La amenaza de anular una elección resultante de la expresión de la voluntad popular, debido a una falta administrativa, es una puñalada en el corazón de la vida democrática, además de constituir una herramienta peligrosa en manos de las autoridades en un país como el nuestro. No hay pruebas para presagiar un fraude, pero las cartas están echadas. ¿Anular una elección es sancionar al candidato o a los electores?
La situación empeora con fiscales y jueces para quienes la ley es una camisa de fuerza que aplasta su formación y criterio jurídicos, cediendo al texto sin confrontación siquiera con principios generales del derecho ni cavilaciones profundas dirigidas a reconocer prioridades. ¿Se memorizaron el texto legal y se olvidaron de su preparación profesional para entender el sentido de la ley so pretexto de administrar justicia? Si el fin del derecho es el hombre, la ley no puede ser el instrumento perfecto para vulnerar su libertad esencial. “…vista que la función social del derecho consiste en realizar la justicia en la sociedad, tenemos que sus normas tienen que coadyuvar a que el hombre, como persona humana, cumpla sus fines” (Lino Rodríguez). Restringir sus fines y desafiarlo, constituyen verdaderos retrocesos. Germen que ya infectó al Ministerio Público, desesperado por tapar su incapacidad apoyando la abolición de una conquista jurídica: la prescripción de los delitos. Más ingredientes al hartazgo popular. ¡Con veda o sin veda, nos desquitaremos con el voto!
El autor es doctor en derecho