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Desafíos de la construcción

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Desafíos de la construcción

El gremio de la construcción considera que el nuevo gobierno que surja de las elecciones de mayo próximo debe dar pasos concretos para fortalecer la institucionalidad y garantizar la seguridad jurídica para atraer las inversiones que requiere el país a fin de ejecutar obras de infraestructura y otros proyectos que impulsen el desarrollo nacional.

Después de definidas las candidaturas presidenciales, la junta directiva de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) se ha reunido con los aspirantes a llegar al Palacio de las Garzas para presentarles recomendaciones puntuales relacionadas con el desempeño de la economía y la sostenibilidad de la industria de la construcción.

En cada reunión el gremio abogó porque el nuevo gobierno establezca una política de pronto pago a los contratistas como fórmula para inyectar mayor circulante a la economía y que se comprometa en contar con la debida planificación de las políticas públicas y gestión del Estado, un aspecto fundamental para el desarrollo social y económico de Panamá.

Los ciudadanos de este país esperan que la oferta electoral presentada por cada candidato sea refrendada con sus acciones una vez asuman los cargos para los cuales fueron electos.

El año que acaba de concluir no fue un período fácil para la industria de la construcción. Exigió de su dirigencia mayor trabajo, dedicación y redoblados esfuerzos para mantener los niveles de demanda del mercado inmobiliario, las oportunidades de trabajo para las empresas, las condiciones de negocios para las actividades conexas y contribuir al estado de bienestar de todos los panameños.

El decrecimiento significativo se reflejó en la reducción de las inversiones, un inventario creciente de apartamentos y locales comerciales, políticas de crédito restringidas y una disminución de la capacidad adquisitiva del mercado.

Para fortalecer la industria en el menor tiempo posible, la Capac impulsó métodos alternos de construcción para industrializar el sector y hacerlo más eficiente. El enfoque también se centró en el desmantelamiento de la excesiva burocracia y tramitología, el incremento del bono solidario para el desarrollo de viviendas para beneficio de otras áreas geográficas del país y en lograr resoluciones del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para actualizar regulaciones de la densidad, el número de estacionamientos por edificación y el levantamiento de restricciones en algunos sectores de la ciudad.

La Capac ha impulsado la creación de una ley de arrendamiento financiero para facilitar el acceso de miles de potenciales compradores a una nueva vivienda. También ha dedicado esfuerzos para lograr la revisión de la Ley de Interés Preferencial, proponiendo que se incremente a $150 mil. A pesar de no haber logrado que el sector financiero del actual gobierno atienda favorablemente esa iniciativa, el compromiso es seguir promoviendo su ampliación como una forma de incentivar la industria de la construcción.

En coordinación con organismos internacionales y gremios del sector privado, la Capac está impulsando la creación de una ley de asociación público-privada, consciente de que se requieren fuentes de financiamiento adicionales para la ejecución de obras de infraestructura y otros proyectos que propicien el desarrollo nacional.

Cabe subrayar que la actividad de la construcción ha presentado a lo largo de la historia comportamientos cíclicos como respuesta al estado de la economía, la capacidad de inversión y el poder adquisitivo de los panameños, la estabilidad socioeconómica y la confianza en el orden institucional.

En ese sentido, en los últimos meses, el país ha sido testigo del deterioro de la institucionalidad, marcado por las confrontaciones entre el órgano ejecutivo y legislativo, en los cuestionamientos generales al sistema judicial, en la mora en la designación de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de las frecuentes denuncias de corrupción y de la falta de sanción ejemplar para quienes delinquen.

Es innegable que la confianza de los inversionistas, nacionales y extranjeros, se sustenta en la seguridad jurídica. Por tanto, el gobierno que asuma la dirección del Estado en julio próximo tiene como tarea fundamental fortalecer la institucionalidad y restituir la confianza en los tres poderes que lo conforman.

Ese esfuerzo debe comprometer a todos los panameños, políticos, funcionarios, empresarios, trabajadores y la sociedad civil.

Del mismo modo que en el pasado ha sido posible superar obstáculos graves y situaciones adversas, frente al presente y el futuro, solo basta mantener la fe y la confianza en el país para hacer de Panamá la nación a la que aspiran todos los panameños.

El autor es presidente de la Cámara Panameña de la Construcción.

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