Los huracanes, inundaciones, tsunamis, terremotos, sequías, etc., son fenómenos causados por ajustes de la madre tierra, que no detiene el ritmo de su constante transformación. Panamá no está en el mapa de huracanes, pero los que se originan en el mar Caribe producen efectos secundarios en nuestro país, entre junio y noviembre. En días pasados, fuimos alcanzados por la cola tormentosa de Otto por varios días. Los pertinaces aguaceros causaron inundaciones, derrumbe de árboles y deslizamientos. El huracán se desplazó al noroeste y afectó a Costa Rica y a Nicaragua.
Tres panameños murieron en esos días: en Nuevo Chorrillo, una pareja de recién casados, sepultados por un alud de tierra, y frente a la escuelita San Vicente de Paúl, dentro del vehículo de su familia perece un infante, aplastado por la caída de un árbol. Otras cuatro personas fallecieron en accidentes relacionados con aludes de lodo y crecidas de ríos. La naturaleza provoca lamentables hechos, pero la muerte tiene cómplices, una mezcla explosiva ocurre cuando los excesos naturales se hermanan con la avaricia y el oportunismo. También cobra su cuota, cuando funcionarios y civiles dejamos de cumplir las leyes de la razón y defendemos a los pajaritos que trinan en el árbol enfermo. Tal como ocurrió en el año 2012, en el hospital Santo Tomás, cuando otro árbol cobró la vida de un médico. ¿El árbol cae por el fuerte viento o porque estaba por derrumbarse esperando el último ventarrón? Si es correcto que una persona compre su casa en una ladera inestable, entonces las víctimas de derrumbes solo mueren por las ocasionales tormentas. En verdad el borracho ahogado es responsable de haber entrado al río crecido, pero han ocurrido y, frecuentemente, suceden hechos lamentables, como la tragedia del año 2004 en la barriada Prados del Este. Las 16 personas que perecieron ahogadas desde el más allá todavía claman por justicia.
En la periferia capitalina y algunos pueblos interioranos se han levantado miles de casas en terrenos peligrosos. Ante la evidente complicidad de funcionarios venales que emiten permisos de construcción a la orilla de ríos, en tierras bajas y laderas. Allí habitan familias que por necesidad o ignorancia han sido estafadas, sin conciencia de que juegan con la vida de sus hijos. El promotor de los proyectos paga la coima y el país paga los platos rotos. La Oficina para la Reducción de Riesgos Naturales de la ONU estima que los desastres naturales le cuestan al año más de $700 millones al Estado panameño. Mientras, esperemos la próxima visita del más cercano pariente del huracán Otto.
