Con gran pena leemos todos los años sobre inundaciones, muros caídos y deslaves causantes de daños cuantiosos, generalmente que afectan a los sectores del pueblo que menos pueden resistirlos. Esos desastres ocurren con creciente frecuencia en el área metropolitana a medida que esta se expande a zonas poco aptas a ser urbanizadas sin que medien precauciones especiales.
Lo triste es que la mayoría de esas calamidades se habrían podido prevenir, pero solo antes de construir, ya que los daños usualmente no se deben a mala construcción sino en haber construido en sitios inapropiados o sin las previsiones especiales requeridas.
Las inundaciones ocurren porque se ha construido en un área que no tiene adecuados drenajes, por ejemplo, ríos, quebradas, canales, o porque estos tienen tan poca capacidad que cualquier lluvia mayor de lo usual (más las cosas que la gente tira donde no deben, más la escorrentía adicional debido a las muchas construcciones alrededor) exceden su capacidad y provocan inundaciones. Análogamente, los deslaves, deslizamientos de tierra, caídas de muros y casas ocurren porque se ha excavado o construido en terrenos inclinados que no son aptos para una construcción normal.
Entonces, ¿por qué se autorizan construcciones en tales áreas, y eso luego de tomarse las autoridades meses de análisis de los planos para expedir un permiso de construcción? La respuesta es fácil: cómo no permitir construir una casa en zona destinada a la construcción de casas, sí exigen un estudio de impacto ambiental (EIA) categoría 1 en cada caso, pero ese es solo un ejercicio burocrático.
La falla es obvia: los EIA hay que hacerlos antes de definir la zonificación, y esos EIA deben incluir estudios hidrológicos y geológicos de toda el área, de toda la cuenca. Tales estudios abarcarán un área mucho mayor que una parcela o una urbanización (y luego se aplicarán también a muchas). Por lo tanto, tienen que ser hechos por las autoridades competentes, en nuestro caso el Ministerio de Ambiente. El costo de estos estudios bien podría cubrirse con un impuesto que reemplace los inútiles EIA arriba mencionados. El impuesto podría ser 50% de lo que le cuestan al interesado los EIA simples que hoy se exigen. Así, el interesado ahorraría tiempo y dinero, el Estado tendría financiados los estudios necesarios, y los expertos se emplearían confeccionando los EIA que sí se necesitan, en vez de redactar informes inútiles, y los desastres se evitarían. Todos ganarían.
Reitero: ninguna planificación urbana, ninguna zonificación deberá ser decidida, definida o establecida sin que medie la aprobación previa del Ministerio de Ambiente.
Las zonificaciones existentes, ya construidas parcial o totalmente, hay que considerarlas como tácitamente aprobadas por el Ministerio de Ambiente, exceptuando solo las zonas conocidas como inundables o muy accidentadas, casos que requieren nuevos estudios.
Conclusión: para evitar en lo posible siniestros hay que reorientar los esfuerzos gubernamentales de la burocracia hacia la seguridad y bienestar del pueblo, hace falta una coordinación mucho más estrecha que la actual coordinación entre las autoridades que planifican y las que estudian el ambiente, entre Miviot, Ministerio de Ambiente y el municipio.
El autor es arquitecto