El financiamiento es una herramienta que permite a personas, empresas y países obtener fondos para financiar proyectos de inversión, es decir, que les permita crecer y desarrollarse. La deuda como tal no representa un problema en sí misma, sino más bien su manejo y su uso.
En este documento nos referiremos a la deuda pública o deuda soberana. Dicho concepto es definido como el conjunto de obligaciones financieras que mantiene un Estado frente a otros países o particulares, que excluye los pasivos con vencimiento menor a un año, y constituye uno de los mecanismos más comunes que utilizan los gobiernos para tener acceso a recursos financieros, usualmente mediante la emisión de bonos o títulos de valores que son negociados entre las partes interesadas.
Un aspecto a tener en cuenta, además del monto de la deuda pública, es la estructura de la deuda. La misma se compone por servicio de la deuda (intereses más amortización), los cuales en ocasiones son muy altos, los periodos de pagos a muchos años y la relación deuda pública/PIB nominal muy alta.
La deuda estatal debe ser dirigida a actividades productivas que promuevan el desarrollo económico y social de un país. Por ejemplo, inversiones en infraestructuras, educación, salud, capital humano, entre otras.
Un uso inadecuado de la deuda pública es cuando no impacta al desarrollo económico y social, es decir, cuando no se tiene rentabilidad de la misma. Un elemento con el que se debe tener cautela es la deuda utilizada en subsidios y/o transferencias no condicionadas y más aún si no se tiene una estrategia clara del tiempo de vida de la transferencia. Este tipo de gasto que no son productivos puede afectar las finanzas públicas y aumentar el déficit fiscal de manera innecesaria podríamos decir.
Es importante mantener un balance fiscal sano o en superávit para aumentar el ahorro y que las inversiones sean a través del ahorro o una parte y no su totalidad a través de deuda.
En Panamá, la deuda pública del sector público no financiero (SPNF) al 31 de diciembre de 2017 alcanzaba los $23 mil 373 millones. Esta cifra corresponde al total de compromisos financieros que fueron adquiridos con organismos multilaterales, acreedores y fuentes privadas del extranjero (77%), además del financiamiento interno (23%) proveniente de fuentes privadas y del sector público (bancos oficiales), sin incluir los compromisos de la Autoridad del Canal de Panamá, proyectos llave en mano y las empresas estatales.
El indicador de deuda pública/PIB es utilizado para medir la capacidad que tienen los países de cumplir la administración de las finanzas públicas en comparación con su producto interno bruto (PIB) corriente de cada período registrado.
La evolución de la deuda pública del SPNF como porcentaje del PIB nominal o corriente, donde la tendencia a la baja que presentó de 2008 a 2013, reduciendo su proporción de 42% a 35%, facilitado por las altas y sostenidas tasas de crecimiento del PIB, y del periodo 2013 a 2017 se incrementó de 35% a 39%, influenciado por la desaceleración económica.
Tratando de enmarcar dentro de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF) que establece normas, principios y metodologías para consolidar la disciplina fiscal en la gestión financiera del sector público, lo cual es necesario para la estabilidad y el crecimiento económico sostenible, y la competitividad del país.
Entre sus principales consideraciones están los límites del déficit fiscal y la razón deuda/PIB. El indicador en cuestión es uno de los referentes para las calificadoras de riesgo y los mercados financieros internacionales, contribuyendo a la disminución del riesgo país o riesgo soberano mientras más bajo sea la razón deuda/PIB.
La deuda es un mal necesario, pero bien contratada y gastada, no representa un problema. La deuda es importante para facilitar el crecimiento, el desarrollo y la competitividad de un país, como se menciona en párrafos anteriores.
Además, hay que tener en cuenta el ahorro y la importancia que tiene en las finanzas publicar como un fondo de inversiones futuras y/o de emergencias en momentos de crisis.
El autor es analista económico del Centro Nacional de Competitividad
