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CRISIS ESPAÑOLA

Doña Petronila, Cataluña y Panamá

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Doña Petronila nunca imaginó las consecuencias que, años después, tendrían sus esponsales con Ramón Berenguer IV, acordados en 1137. En tiempos dinásticos, cuando los desposorios entre las familias gobernantes aumentaban o mermaban soberanías, las nupcias de Petronila, reina de Aragón, con Ramón, conde de Barcelona, produjeron la fusión de sus respectivos territorios.

Siglos más tarde, en 1469, el enlace entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón—ocho veces tataranieto de Petronila—complicaría el escenario en detrimento de la singularidad catalana. De ese matrimonio eventualmente nacería España, cuyas dimensiones territoriales quedarían configuradas tras la conquista de Granada por los reyes católicos, en enero de 1492. Nueve meses más tarde, el arribo de Colón a América, bajo los auspicios de la corona de Castilla, aumentaría su preponderancia en menoscabo de Cataluña y otras antiguas regiones.

Aunque, como parte de las capitulaciones dinásticas, Cataluña mantuvo sus instituciones autónomas, el centralismo castellano debilitó su individualidad y dio origen al separatismo catalán. En 1640, los catalanes se rebelaron contra Felipe IV, pero fueron subyugados.

Hacia finales del siglo, resistieron las pretensiones monárquicas de Felipe V, quien, al acceder al trono, abolió las instituciones autónomas de Valencia, Aragón, Mallorca y Cataluña y, conforme al “derecho de conquista”, sometió a los catalanes tras el sitio de Barcelona (1713-1714).

Al respecto de eventos como este, nuestro estadista insigne, Justo Arosemena, comentó: “Las grandes nacionalidades … han sido casi siempre obra de la violencia en beneficio de los déspotas ambiciosos y cuando los numerosos Estados de la Europa feudal iban refundiéndose por el poder de los reyes, las libertades municipales iban también desapareciendo, agotadas por el maléfico influjo de los grandes poderes centralizados”.

Inspirado por el nacionalismo, esa gran fuerza que, desde la revolución francesa, influye notoriamente en el ánimo de las colectividades, el separatismo catalán resurgió en el siglo XIX, acompañado de un renacimiento cultural. Los esfuerzos por restablecer la histórica autonomía dieron modestos frutos a principios del siglo XX, pero los avances logrados fueron suprimidos por el dictador Primo de Rivera (1923-1930). Más represiva del regionalismo fue la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), que combatió las expresiones de identidad catalana.

Con la transición a la democracia, la Constitución española de 1978 dio a Cataluña mayores libertades que nunca para su población y un estatuto de autonomía regional (1979), renovado en 2006. Sin embargo, como resulta evidente, el arreglo alcanzado no es satisfactorio para un número de catalanes, quienes desean crear una república independiente.

Otro segmento aspira a que Cataluña siga formando parte de España. La división entre ambos grupos se profundizó en semanas recientes, al punto de que la Generalitat proclamó la independencia tras un accidentado referéndum celebrado conforme al estatuto de 2006, varios de cuyos artículos fueron declarados fuera de orden por el Tribunal Constitucional de España en 2010.

Según la lógica del Estado—una lógica de dominación, como nos lo recuerda el sociólogo alemán Max Weber—el gobierno de Madrid ha respondido a las acciones independentistas con legalismos incapaces de atender el meollo del asunto y acciones de fuerza que no tienen lugar en un sistema democrático. El discurso excluyente de otro descendiente de doña Petronila, el rey Felipe VI, ha extinguido entre los nacionalistas catalanes lo que podía quedar de aprecio por la monarquía, llamada a ser símbolo de unidad entre los españoles, según el artículo 56(1) de la Constitución de 1978.

Los panameños no somos ajenos a este drama, que enfrenta el poder del Estado a los derechos de las localidades. En el siglo XIX, mientras formamos parte de Colombia, Panamá intentó obtener la mayor autonomía posible para procurar respuestas efectivas a sus necesidades particulares. El gobierno de Bogotá hizo lo que pudo por subvertir esos esfuerzos, hasta que la situación se volvió intolerable para los istmeños.

Por razones históricas y culturales, Cataluña es una nacionalidad. Así lo establece su estatuto bajo la Constitución española.

Por lo tanto, le asiste a su pueblo el derecho a la libre determinación, uno de los principios rectores del sistema internacional, según lo proclama la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 1(2). La crisis actual no se superará mientras no se implementen fórmulas democráticas de avenimiento, sobre la base de este principio fundamental.

El autor es catedrático de ciencias políticas y director de la maestría de relaciones internacionales de FSU Panamá.

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