Otro año más, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que exige a Estados Unidos levantar el embargo impuesto a Cuba hace más de 50 años. El resultado de la votación no sorprende a nadie. Siendo casi unánime, con la excepción de los votos en contra de Estados Unidos e Israel.
La casi nula utilidad de esta resolución es una parte preocupante de todo el retorcido entramado en el que participan las naciones firmantes. Un juego, donde los discursos sobre la defensa de la democracia funcionan como una licencia para cometer los mismos ataques políticos y exabruptos que tanto señala occidente en países no alineados al orden hegemónico.
Estados Unidos esgrime el concepto de un embargo a Cuba que obedece a motivaciones de interés moral y ético, sobre la base de la defensa de los derechos humanos y la democracia. Siendo requisito indispensable para la eliminación de las sanciones la democratización de la isla y el compromiso del Gobierno con el respeto a las libertades fundamentales del pueblo cubano, revistiendo el discurso político de Washington, de una gruesa capa de falso altruismo desinteresado.
Países con los que el Gobierno estadounidense mantiene estrechas relaciones, como lo son Arabia Saudí y China, acumulan una larga lista de denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de regímenes autoritarios alejados del concepto de “democracia americana”. Sin embargo, en estos casos los intereses inclinan la balanza hacia alianzas comerciales, venta de armas y convenientes pactos políticos, derrumbando el discurso moralista del Gobierno norteamericano.
Poco importa para los planes de la política exterior estadounidense, el sistema político y económico de los países que no encajan con su proyecto de hegemonía mundial, salvo que sirva como excusa para la imposición de sanciones unilaterales que les permita obtener beneficios estratégicos, aun cuando se violente la soberanía de muchas naciones (incluida Panamá), que deben bailar al son del Tío Sam bajo la amenaza de sufrir represalias.
Al final, Estados Unidos no espera realmente que Cuba transforme su sistema de gobierno en uno que garantice a sus ciudadanos libertades y progreso, sino en uno alineado a sus intereses, y que no suponga una ventaja estratégica para sus adversarios debido a su posición geográfica. Argumentar que las sanciones económicas u ofensivas militares son producto del interés por salvaguardar los derechos humanos es una posición cómoda que intenta enterrar los verdaderos intereses y motivaciones expansionistas, bajo una capa de propaganda y “verdades” convenientes.
El autor es ciudadano