En medio de nuestra preocupación actual, por no afectar aún más nuestro planeta y por ende a sus finitos recursos naturales, es urgente buscar nuevas formas de energía sin dañar la fauna, flora y a nosotros mismos, los seres humanos que, en el afán por explotar la tierra y generar mayores ganancias, no hemos comprendido que es necesario protegerla. Lastimosamente, el nivel de afectación continuará y los daños al sistema climático serán irreversibles.
Un paleativo para enfrentar esta urgencia sería la consideración del uso alterno de fuentes de energía limpia, como la solar, ya que se prevé un agotamiento de las reservas de agua. Según las cifras de la Secretaría Nacional de Energía (SNE), a junio de 2017, la generación de electricidad emana en un 52.5% de hidroeléctricas, 3.75% solar, 35.54% de termoeléctricas sostenidas con bunker y diésel y el resto biogás y eólica.
Es por ello que la intervención de los gobernantes es determinante para promover políticas de generación y uso de energía limpia, a través de la reducción de los costos de importación de paneles solares para ser menos dependientes de la energía generada por hidroeléctricas. Por ejemplo, para una casa que en promedio consume 160 kWh mensual, los costos del sistema y trámites ascienden en la actualidad a $3,500. Aunque con el tiempo se recupera la inversión y se genera un ahorro en la factura, este monto no es accesible a la población.
A diferencia de otros países, como Israel, que apuestan por la energía solar y facilitan a los hogares y empresas su instalación para ahorrar o vender energía y por otro lado Honduras, como uno de los países líderes de la región, en Panamá, la SNE presentó en septiembre pasado un cambio a la Ley 45 de agosto de 2004, que creaba incentivos para el fomento de sistemas de energía limpia y hay un proyecto de modificaciones de la Ley 6 del 3 de febrero de 1997, en donde se pretende hacer un cargo por el uso de las líneas de transmisión y distribución, afectando la implementación de proyectos. Estas modificaciones riñen con los objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, de la cual Panamá es signatario, para reducir la desigualdad y el calentamiento global, especialmente el objetivo 7: “asegurar el acceso a energía asequible, sostenible y no contaminante.
Por otro lado, la última cifra anual conocida, según el MEF, para el año 2016, fue de mil 376 millones en subsidios, mismos que no logran un cambio en el aspecto económico y social de las personas, sino que promueven una carga al presupuesto y un alto grado de dependencia de estas personas, cuyo interés real es obtener un trabajo con el cual costear sus necesidades.
Es necesario construir un país enfocado en la sostenibilidad de los recursos naturales con gobernantes y diputados que promuevan leyes sobre el uso de energías limpias, flexibilicen los trámites y disminuyan los costos en el desarrollo de proyectos de generación de energía solar, así como el uso en comercios y hogares para enfrentar el costo de la electricidad, ahorrar y proteger el planeta.
El autor es educador