El año pasado, el Gobierno Nacional llevó a cabo el diseño y cálculo del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) en el país, con el propósito de identificar y medir la incidencia e intensidad de las principales carencias o privaciones no monetarias que afectan las condiciones de vida de los panameños, y emplearlas como criterio complementario a la medición de pobreza por ingreso en la reorientación de la política social, para lograr una efectiva reducción de la pobreza de modo integral.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, de la cual formamos parte, ha manifestado repetidamente que “la justicia social es una cuestión de vida o muerte. Dentro de cada país hay grandes diferencias sanitarias estrechamente ligadas al grado de desfavorecimiento social. Semejantes diferencias no deberían existir, ni dentro de cada país ni entre los países. Esas desigualdades y esa inequidad sanitaria, que podría evitarse, son el resultado de la situación en que la población crece, vive, trabaja y envejece, y del tipo de sistemas que se utiliza para combatir la enfermedad. A su vez, las condiciones en que la gente vive y muere están determinadas por fuerzas políticas, sociales y económicas. Las políticas sociales y económicas tienen efectos determinantes en las posibilidades de que un niño crezca y desarrolle todo su potencial, y tenga una vida próspera, o de que esta se malogre”. Sabemos pues que la pobreza es un irrefutable determinante social de enfermedad y muerte.
En ese contexto, el Informe del IPM-Panamá indicó que “en 2017 el porcentaje de personas en condición de pobreza multidimensional se ubicó en 19.1%, lo que representó en términos absolutos 777 mil 752 personas. En cuanto a hogares, se encontró en condición de pobreza multidimensional el 12.2%, lo equivalente a 138 mil 410 hogares”.
“Al desagregar la información por áreas geográficas, los resultados de esta medida fueron consistentes con la tendencia de los valores mostrados en otros métodos de medición de pobreza utilizados y aplicados en el país. Por ejemplo, en las comarcas indígenas fue en donde se presentaron las mayores proporciones de personas pobres multidimensionales e, inclusive, en el mismo orden observado cuando se realizan los análisis de pobreza monetaria. En el caso de pobreza multidimensional la incidencia fue: comarca Ngäbe Buglé (93.4%), comarca Guna Yala (91.4%) y comarca Emberá (70.8%). El promedio de estos tres valores supera en 4.5 veces el valor del promedio nacional, lo que evidencia también con esta medida la disparidad existente y que ya era previamente conocida”.
La necesidad de mejorar la salud en las comunidades más pobres y vulnerables del país atacando las condiciones sociales en las que viven y trabajan las personas, queda demostrada al examinar los indicadores que demuestran el impacto de este determinante social en la salud de las personas: la esperanza de vida, la mortalidad infantil y la razón de mortalidad materna. Mientras que la esperanza de vida de un panameño de la ciudad es de 80.6 años, en nuestras comarcas indígenas apenas llega a 71 años. Peor ocurre para la mortalidad infantil, la cual es dos o tres veces mayor en las comarcas que en las provincias más ricas; y con la mortalidad materna que es cuatro veces mayor en las comarcas que en las provincias con menor IPM.
Al final me queda claro que estamos obligados a formular políticas que integren acciones en salud, sociales y económicas, y a desarrollar un sistema de salud que incorpore intervenciones multisectoriales, introduciendo la cobertura universal de salud para mejorar la salud y sus determinantes. Pero antes debemos resolver los asuntos que tenemos pendientes con la justicia social, la desigualdad y la inequidad sanitaria.
El autor es ciudadano