El progreso de los países va de la mano de la ciencia. Salvo contadas excepciones, si analizamos los parámetros de desarrollo, invariablemente encontraremos que los países donde se prioriza la investigación científica se ubican en la parte más alta de la clasificación. No solamente en lo referente a publicaciones y reconocimientos, sino también en aspectos económicos y sociales. En resumen: la ciencia es sinónimo de progreso.
Panamá tiene un terrible déficit en desarrollo científico. De acuerdo con la Unesco, un país se considera “innovador” cuando cuenta con mil investigadores científicos por cada millón de habitantes. Hasta hace poco, nuestro país tenía 142 por millón. Una vergüenza, si tomamos en cuenta nuestro PIB y lo que invertimos en educación. Obviamente, los resultados de esa inversión son muy malos, basado en las pruebas PISA. Las causas son variadas, pero tienen que ver con desgreño administrativo, pésima integración de técnicas modernas de educación, y una dirigencia gremial anquilosada y parasitaria, que está dispuesta a sacrificar progreso con tal de mantener su statu quo. Si a eso le sumamos que los gobiernos prefieren ceder a lo que sea para evitar huelgas, tenemos el medio de cultivo para una sociedad cada vez más atrasada y con una brecha más grande y profunda entre ricos y pobres.
Una de las formas como se ha tratado de contrarrestar este déficit ha sido el programa de becas que desde 2005 implementa Senacyt y que busca aumentar el número de investigadores a nivel de maestría y doctorado. Desde entonces, más de 2 mil becas han sido otorgadas. Los requisitos se basan estrictamente en meritocracia, requiriéndose calificaciones, ejecutorias en el campo de investigación, publicaciones y entrevistas. Los jurados que seleccionan son independientes, y exigen la aceptación por parte de la universidad donde realizarán los estudios, lo que prácticamente elimina el amiguismo. Además, las carreras tienen que estar definidas como prioritarias para Panamá y todos los becarios firman un compromiso para regresar al país. En caso de no cumplir, deberán reembolsar al Estado lo que se invirtió en sus estudios. Hasta la fecha, el porcentaje de no cumplimiento, ha sido menor del 5%.
Así se nutren los programas de investigación de Indicasat, el Instituto Gorgas y las universidades, produciendo publicaciones de primer nivel. Aunque aún no llegamos al nivel requerido, se ha logrado aumentar a unos 250 investigadores por millón de habitantes gracias a estos programas.
A pesar de todo esto, la Contraloría no ha refrendado algunas de las becas ya otorgadas, basado en que solicitan un estudio socioeconómico del becario “para ver si necesita la beca”. El triste ejemplo usado por el contralor es que “si alguien gana $3500 mensuales puede pagarle los estudios a sus hijos”.
Esta medida constituye una completa distorsión de un programa de becas de excelencia, supeditándolo a criterios ajenos al rendimiento académico. Eso, sin contar que un doctorado en una universidad de primer nivel puede costar entre 50 mil y 75 mil dólares al año, lo cual no está al alcance de ninguna familia con un ingreso mensual de $3500.
Desafortunadamente, las cosas buenas que tiene Panamá, parece que hubiera un plan estructurado para destruirlas. Es importante que todos entendamos que no se trata de si los becarios necesitan el dinero. Se trata de que Panamá necesita esos becarios para seguir progresando como país.
El autor es cardiólogo