El resultado de las elecciones generales panameñas nunca lo ha dictado el pueblo con su voto popular, pues, en el mejor de los casos, nuestro proceso electoral presidencial, municipal y legislativo solo les ha permitido a los ciudadanos relacionarse, como clientes, a los políticos que controlarán esas diversas formas de gobierno. Esta condición define la democracia electoral panameña al no existir revocatoria de mandato por parte del electorado, a pesar del art. 151 de la Constitución respecto a diputados y art. 160 respecto al presidente.
Así lo ha sido durante toda nuestra era republicana (1903-2019), desde nuestros cuatro primeros presidentes elegidos indirectamente –Amador Guerrero por una convención nacional y los otros tres por “electores nacionales” escogidos por la Asamblea Nacional, esta elegida, a su vez, por un sufragio muy limitado-. Solo desde 1920 hubo elecciones directas para presidentes cada cuatro años, o sea, 12 elecciones presidenciales en total, hasta 1968 cuando se instaló la dictadura militar (1968-1989).
No obstante, en esos 48 años previos a la dictadura, hubo tres golpes de Estado (2 de enero de 1931, 9 de octubre de 1941, 10 de mayo de 1951) y un magnicidio (2 de enero de 1955), interrumpiendo el orden constitucional, impulsando la designación irregular de mandatarios, sin voto popular. El golpe de 1941 ocasionó que el Consejo de Gabinete, avalado por la Corte Suprema de Justicia, escogiera el nuevo presidente y para el periodo 1944-48 fue la Convención Nacional Constituyente (6 de mayo de 1945) conformada por 51 delegados la que escogió al presidente.
Cabe recordar que hasta 1946, la Asamblea Nacional escogía a los tres “designados” (vicepresidentes) sin elecciones populares, por lo que tras el golpe de 1931 el “primer designado” por dicha Asamblea asumió la presidencia, sin elecciones populares.
Durante la dictadura, las elecciones presidenciales fueron de a dedo e indirectas mediante el voto de la Asamblea de Representantes de Corregimientos, hasta 1984 cuando se restauró la votación directa, si bien con resultados amañados y fraudulentos. El último presidente (1989) del régimen militar fue designado por un consejo nacional de estado, sin pretensiones democráticas.
Post invasión (1989-2019) se han celebrado seis procesos electorales como supuesta expresión de soberanía popular, siendo estos más bien una aproximación transitoria e inestable de nuestra cultura democrática que procede de sistemas occidentales de antiquísima raíz (el mundo clásico de Grecia y Roma); de estructuras político-administrativas coloniales (1501-1821); de las componendas entre conservadores y liberales del periodo colombiano (1821-1903); de los partidos de corte personalista con su “cesarismo presidencial” de nuestra era republicana ya detallada, y, como factor adicional, el poderío, intervencionismo e injerencias estadounidenses en nuestras contiendas electorales.
Por eso, el control popular ciudadano de todo cargo público de elección, de cualquier rango, que permita la revocatoria presidencial por incumplimiento de planes de gobierno o la destitución de diputados, alcaldes y representantes por abusos y negligencias, se hace más necesario que la mera asistencia a las urnas en la cadena electoral. En un contexto democrático, el principio de legitimidad del poder público se pierde sin este control ciudadano plasmado en la Constitución.
El autor es ciudadano