Guerra es guerra y Estados Unidos (EU) jamás ha dejado de considerar el aspecto económico cuando de doblegar a sus competidores se trata. Al contrario, este ha sido un arma en extremo privilegiada a la hora de actuar contra aquellos que osan atentar contra su supremacía. Tal ha sido el caso de Cuba mediante un bloqueo de 50 años que bien se puede rememorar con el reciente caso Waked, o el de Corea del Norte, una vez optó por otro sistema.
Para cada caso o para cada ocasión, Washington ha creado herramientas muy efectivas. La Lista Clinton, por ejemplo, y la exclusión de naciones enteras de los supuestos beneficios que generan sus programas. Recientemente, se trata de la llamada Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), una especie de agencia internacional de cobranza, al frente de la cual ha colocado a una serie de funcionarios neoconservadores de tendencia pro israelí.
La OFAC persigue, sin tregua, a los estadounidenses o a las empresas que violen disposiciones como las sanciones decretadas contra Irán, Bashar al Assad en Siria, Líbano, el partido político Hizbulá, Hamas, el otrora gobierno de Muammar Gaddafi en Libia, o el de Saddam Hussein en Irak, entre otros, que no por casualidad se enlistan como enemigos de Israel. Sin embargo, ninguno de estos objetivos israelíes son necesariamente enemigos de EU. Es una política que se remonta a los años de la administración del presidente Harry Truman y que tiene que ver con la hegemonía económica estadounidense. Puedes acercarte, pero no superar a la potencia.
¿Ha podio caer Panamá en esa órbita de sancionados? A principios de este año, cuando estalló el tristemente célebre caso de los Papeles de Panamá, trascendió la guerra declarada que desataron las empresas estadounidenses, dedicadas al negocio de las offshore, contra el bufete panameño Mossack Fonseca. No era un secreto que dicha empresa figuraba en el cuarto lugar mundial de este negocio, tras superar a un sinnúmero de empresas, entre ellas algunas estadounidenses. Se dijo en aquella ocasión que la famosa investigación de un colectivo de periodistas estacionados en Washington guardaba relación, no definida aún, con la campaña que se desató contra Mossack Fonseca. Si fue así o no, el único componente del escándalo que apunta en esa dirección fue la evidente protección que dio el Gobierno panameño al señalado bufete. Ni una sola sanción, ni un solo detenido hubo en el caso en Panamá y, por el contrario, un manto de silencio se ha tendido mientras pasa el tiempo.