Garantizar el financiamiento del sistema público de salud es la principal fuente de preocupación cuando hablamos de la posibilidad de integrar los servicios de salud, pues es reconocido que la falta de financiamiento oportuno, y la ineficiencia en el uso de los recursos disponibles son frecuentes, y representan retos importantes en el avance hacia el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud. Pero eso no tiene por qué ser así, como veremos más adelante.
Subrayo, de entrada, que el diseño del modelo de financiamiento del sistema público de salud que desarrollemos debe garantizar a la totalidad de la población la “promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud”, y no olvidemos que ese avance hacia la Cobertura Universal de Salud, debe llevarse a cabo de forma paulatina en tres frentes: población cubierta, servicios que se ofrecen y financiamiento. Además, habrá que buscar el mejor equilibrio entre estas tres dimensiones, ya que el progreso a lo largo de solamente una dimensión podría afectar a las demás. Por ejemplo, prometer servicios gratuitos de salud es una estrategia ineficaz si hay desigualdad en el acceso o si los servicios son de mala calidad. Amén de los efectos potenciales en la sostenibilidad del sistema.
Entrando en la materia que nos ocupa, recordemos que nuestro gasto público en salud supera el 6% del PIB, lo que significa que cuando termine esta administración, entre el Minsa y la CSS habrán manejado más de 34,000 millones de balboas. Pero eso no es todo. Vale subrayar que el presupuesto disponible de ambas instituciones para funcionamiento e inversiones superó en 2018 los 4,423 millones de balboas, lo que representó una disponibilidad de 1,095.6 balboas en el año para cada panameño. Esta cifra, administrada con criterios de eficiencia, eficacia, equidad, y, sobre todo, transparente y sin corrupción, es más que suficiente para garantizar el financiamiento eficiente del sistema de salud que necesitamos y queremos los panameños.
A pesar de ello, no cantemos victoria, pues, hasta la fecha, ningún sistema de salud ha sido capaz de cubrir con calidad todo para todos en todos los lugares. De hecho, la experiencia internacional disponible nos dice que, “el mayor desafío político en este proceso hacia la cobertura universal posiblemente sea establecer un orden de prioridades que abarque los tres componentes arriba señalados. Sin olvidar que el nivel de dificultad aumentará a medida que se vayan desarrollando nuevas tecnologías y servicios de salud.
Para garantizar la sostenibilidad del financiamiento del sistema antes descrito, el gobierno entrante deberá considerar: cómo recauda suficientes recursos financieros para sufragar los costos del sistema de salud; cómo aglutina de forma eficiente estos recursos, y contar con el apoyo de la población, mediante la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, a la vez que estimula la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el diseño, implementación y seguimiento del proceso.
Será de vital importancia la negociación entre los ministerios de Salud y Economía y Finanzas, ya que ambos comparten el reto de obtener fondos suficientes y de utilizarlos de forma eficiente para atender la creciente demanda de servicios de salud por parte de la población no asegurada. Teniendo muy presente que lo que se invierta en salud deja de invertirse en cualquier otro sector.
Sobre el asunto de la gestión efectiva de los recursos financieros, un grupo de expertos convocado por la Organización Mundial de la Salud concluyó que “la mancomunidad de recursos financieros es la mejor opción para poder satisfacer las demandas cada vez mayores de cobertura de servicios, es un desafío político y técnico de primer orden, y que bien administrada, reduce o elimina los riesgos financieros asociados a la mala salud y contribuye a la equidad”.
En nuestro país la mancomunidad significa la creación de un Fondo Nacional de Salud (superando la actual segmentación) alimentado por los fondos provenientes de los impuestos, vía presupuesto del Minsa y los fondos de la Caja de Seguro Social, sin excluir la posibilidad, aunque remota, del aporte del sector privado.
Esto, junto con la creación de una sola Red de Servicios, es la clave para superar la actual segmentación y fragmentación del sistema. No obstante, aunque abunden los argumentos (técnicos, financieros, éticos, morales y hasta legales) a favor, requerirá de mucha negociación y concertación entre todos los afectados.
Al final me queda claro que, sea cual sea el modelo de financiamiento que desarrollemos, Panamá cuenta con los recursos suficientes para financiar de forma eficiente y efectiva su sistema público integrado de salud. ¡Avancemos!
El autor es ciudadano
