"Acudir a una citación en el Ministerio Público puede representar una "detención anunciada" y lo mejor es ir preparado con una muda de ropa, incluyendo prendas íntimas y cepillo de dientes. La razón puede deberse al ánimo que en ese momento tenga el fiscal interrogador y al omnipotente poder que ejerce sobre la humanidad del citado que se arriesga a ser decretado como elemento nocivo para la sociedad y de ahí ser trasladado a una fría prisión de la DIJ". Esto es lo que un abogado amigo me expresó en relación con las detenciones que excesivamente se dan en el Ministerio Público (MP).
No hay peor absolutismo que la ejercida a la sombra de las leyes.
La palabra "exceso" es definida por la Real Academia de la Lengua como algo que va más allá de la medida de poder. En derecho es un vicio de ilegalidad del acto administrativo y que sobrepasan las normas establecidas.
Esta entidad (MP) fue creada para perseguir e investigar delitos, indagar a los sindicados, ordenar las prácticas de diligencias necesarias para el esclarecimiento del hecho que merece castigo, descubrir a los autores, cómplices o encubridores. Hasta ahí aplaudo la misión, pero no la visión del hoy por hoy de fiscales y jueces de ordenar arrestos en forma caprichosa.
Soy un convencido de lo urgente de dar claridad al empañado Ministerio Público y Órgano Judicial. Saludable es empezar por el MP limitando su exceso de poder y decidir quién vive y quién muere. Saludable también es despojarse de la sombra del Ejecutivo, del que se sospecha que está detrás de cada decisión personal o política del MP.
Me llama poderosamente la atención lo siguiente: "Para nombramientos en el Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia (CSJ) se requieren certificados médicos que conste una prueba negativa en el uso de drogas ilícitas. Esta prueba podrá ser exigida por el pleno de la CSJ en cualquier momento, mientras el funcionario judicial ejerza el cargo". ¿Se cumple este mandato con todos los que trabajan en el sistema judicial? Lo dudo.
En el Código Judicial se establece que toda persona tiene derecho a su libertad personal y frente a cualquier denuncia debe ser investigada. Esto se puede lograr sin tener que hacer uso de la orden de arresto, salvo la presunción de que el denunciado pueda escaparse o ausentarse del país.
El autor es periodista