Así le comentó el titular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Eduardo Enrique Carles, al periodista Luis Bellini, de La Prensa, cuando lo abordó en el seminario organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) sobre bioseguridad agropecuaria, con el apoyo del Organismo Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa) en días pasados en nuestra capital.
“Estamos promoviendo que las nuevas inversiones y emprendimientos sean hacia la agricultura de nichos de mercado”, además, le señaló el ministro Carles al periodista autor de la noticia publicada por La Prensa, el domingo 1 de octubre, en su sección de Comercio Exterior: “Vamos a empezar con el área central del país, en la parte frutícola, que tiene un potencial de cerca de 20 mil hectáreas que no estamos utilizando”.
Este anuncio formal hecho por el titular del sector público agropecuario nacional, es: ¡muy esperanzador! para los que de una u otra forma estamos vinculados al sector primario de la economía de mayor crecimiento macroeconómico en Latinoamérica, no así del mayor desarrollo económico, ubicándonos entre los países con mayor desigualdad socioeconómica en esta parte del mundo.
Los cultivos de estas frutas absorben mucha mano de obra agrícola en áreas rurales y comarcales, donde se encuentran nuestros bolsones de pobreza y pobreza extrema.
Nuestra agroexportación decreció a partir del año 2010 en relación a 2008 en más del 50%. ¿Cuál fue el motivo? La falta de incentivos que a los productores de los países “contraparte” en los tantos TLC que hemos firmado, les “requetesobran”.
La Ley 82 de 2009 reemplazó el Certificado de Abono Tributario (CAT) por el Certificado de Fomento a la Agroexportación (CEFA), pero al entrar en vigencia en 2011 los tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, las contrapartes declararon tanto al fenecido CAT como al nuevo incentivo a la agroexportación: CEFA como subsidios directos de nuestro país, y obligó a la Asamblea Nacional a decretar la Ley 105 del 25 de noviembre de 2013, creando el programa para la promoción y modernización agropecuaria y agroindustrial, que reemplaza al CEFA por el certificado de fomento productivo, una forma más disimulada de apoyo a la actividad exportadora nacional. En virtud de que este mecanismo de apoyo financiero no es directo y muy burocrático, los exportadores tanto de productos del agro como otros no lo ven atractivo y optaron por dejar su actividad, causando el enorme decrecimiento en la agroexportación con sus consecuencias de la disminución de la generación de empleos y actividad económica en las áreas rurales del país.
Hoy solo en la región de Azuero existen sin operaciones 12 plantas de empaques de cucurbitáceas (melones, sandías, zapallos y calabacines) que procesaban estos agroalimentos para exportarlos a Estados Unidos y países europeos, especialmente en nuestra época seca, cuando allá no tienen producción nacional por estar en su invierno boreal, que es la ventana para comerciar las frutas de ocasión como melones y sandías. La piña y el banano, por ser estrictamente tropicales, se comercializan en todas las épocas del año y su demanda se incrementa sostenidamente cada año.
Siempre los procesos burocráticos para la emisión y hacer efectivos los CAT y el CEFA fueron muy demorados, pero con el certificado de fomento productivo son extremados, ya que para su otorgamiento se toman en cuenta factores muy diversos dentro de la cadena de producción y la misma exportación. Su trámite para que el agroexportador reciba su beneficio (que está contemplado en su costo de operación) le demora hasta tres años.
Cierto es que como país tenemos el apoyo y más moderno centro portuario y logístico de la región que nos da ventajas muy favorables, pero también tenemos una muy baja competitividad laboral, especialmente en las actividades agrícolas en relación con nuestros países vecinos basadas en nuestra legislación laboral. No aspiro a que se modifique, pero sí a que se considere como una causal para ofrecer incentivos casi directos a los agroexportadores para que compensen esta debilidad y sean competitivos en los mercados finales. De no ser así, todo no pasará de las buenas intenciones del gobierno de turno.
El autor es extitular del MIDA, exlegislador de la República y consultor agropecuario