Dada la necesidad de cubrir el déficit fiscal del presente año, el gobierno ha implementado una política de contención del gasto público que implica un recorte de $1,483 millones al presupuesto público, en que el sector de educación ha sido fuertemente afectado.
Si bien es cierto que coyunturalmente este tipo de medidas económicas son necesarias para mantener la estabilidad económica del país, también es cierto que la educación se constituye en un pilar fundamental para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico. Por ello los países que más han avanzado en lo económico y en lo social son los que más han invertido en educación.
Actualmente hay un amplio debate sobre los recursos que el Estado panameño destina a la educación superior pública, y más en estos momentos en que se han realizado recortes al presupuesto de las cinco instituciones públicas de educación superior, es decir, $40.3 millones ($15.6 millones a la Universidad Tecnológica, $14.1 millones a la Universidad de Panamá, $5.1 millones a la Unachi, $3.2 millones a Udelas y $2.3 millones a la Universidad Marítima), que aunque parezcan cifras poco significativas (2.7% del recorte total), sí son importantes en términos relativos ya que responden a las necesidades sociales de la población que accede a la educación superior.
En el caso de la Universidad de Panamá, que a lo largo de su historia le ha dado a la sociedad alrededor de 250 mil profesionales en diversas áreas del conocimiento, qué respuestas le daremos a las necesidades de los 3 mil estudiantes de escasos recursos que cursan carreras universitarias en 27 Programas Anexos Universitarios en las áreas de difícil acceso y condiciones laborales, así como en el sistema penitenciario (El Renacer, Centro Femenino de Rehabilitación y próximamente la Cárcel Pública de Santiago de Veraguas), de los cuales el 50% están en áreas comarcales, y donde la Universidad de Panamá es su única opción; a las personas de bajos recursos que se acercan a la Facultad de Odontología a recibir tratamientos a bajo costo; a los humildes pobladores que acuden a los Consultorios Jurídicos que brindan su asesoría de manera gratuita; a los productores agropecuarios que utilizan las semillas producidas en la Facultad de Ciencias Agropecuarias; a las Facultades de Enfermería y Medicina que brindan una labor social en las comunidades más vulnerables del país; a los casi 70 mil estudiantes (algo más de la mitad de estudiantes universitarios del país) que pueden acceder a una educación superior casi gratuita; y así puedo seguir enumerando los aportes de la Universidad de Panamá a este bello país.
La educación superior es un derecho fundamental de la población y una inversión social que el Estado debe satisfacer de manera eficaz, excluyéndola de la lógica del mercado y del esquema de costo-beneficio. Es un error recortar el presupuesto de las universidades públicas, porque retrocederán y frenarán sus alcances logrados. Es el momento en que el presidente Laurentino Cortizo cumpla su promesa “En nuestro gobierno la educación será la estrella que alumbre nuestro camino”.
El autor es profesor de Economía-UP