Según la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Antai, “el Gobierno Abierto es aquel que promueve la transparencia a través del acceso a la información pública, la rendición de cuentas (…) y brinda un espacio para el desarrollo de políticas públicas”.
Desde el año 2012, Panamá forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), iniciativa presentada en la Asamblea General de Naciones Unidas entre jefes de Estado y sociedad civil, la cual busca crear una plataforma para reformar por dentro y por fuera los gobiernos, con el objetivo de desarrollar iniciativas que promuevan transparencia, den poder a los ciudadanos, luchen contra la corrupción y utilicen las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernanza. Estos valores se ven formalizados en compromisos que son vigilados activamente por la OGP para que sean cumplidos. Desde el Gobierno panameño, los encargados de guiar a las instituciones para lograr estos compromisos es la Antai.
A la fecha, la entidad inicia el proceso de desarrollo de su cuarto plan de acción, mostrando avances notables en la ejecución de los planes anteriores. Cada vez son más las autoridades y ministerios, que inician este proceso de apertura, haciendo más transparentes y amigables sus instituciones, con los ciudadanos, a la vez que aumenta la demanda popular de procesos más transparentes dentro de los órganos Legislativo y Judicial.
Es importante recordar que la apertura no solo involucra transparencia. La participación y colaboración son igualmente importantes dentro de un Gobierno Abierto, y a juicio de este ciudadano, el esfuerzo realizado por la Antai en estos dos ejes, deja bastante que desear.
La innegable disposición por parte del Gobierno a ser más transparentes y las metodologías creadas por la Alianza para Gobierno Abierto crean un entorno propicio para subsanar la actual falta de iniciativas para la participación y colaboración en políticas públicas. Esto representa una oportunidad indiscutible para la sociedad civil de organizarse para afrontar los problemas que nos atañen a todos, de manera que colaboremos horizontalmente con el gobierno para crear soluciones menos centralizadas, consultivas y en la que todos puedan aportar su granito de arena.
La recuperación de los espacios ciudadanos hace que la democracia sea mucho más activa y no se queda únicamente en las urnas o en la fiscalización de los elegidos por estas. Es una actividad constante en la que debemos tener oportunidades reales de participar en las decisiones, que terminarán afectando o beneficiando a todos. Y, si el gobierno no es capaz de crear las instancias para que podamos participar dentro de estas decisiones, nos tocará a los ciudadanos organizarnos, para exigir estos espacios y desarrollar en conjunto, soluciones exclusivamente ciudadanas, donde el Estado deje de lado su protagonismo, y se lo entregue a los afectados por sus decisiones: los ciudadanos.
Estas iniciativas ciudadanas pueden resultar ser más eficientes ya que no involucran a la burocracia estatal, a la vez que son menos disruptivas porque nacerían desde individuos que quieren el bien para su comunidad sin utilizar la fuerza. A diferencia de las políticas públicas que en todo caso son impuestas.
Dijo Thomas Jefferson que “El precio de la libertad es la eterna vigilancia”. Con una ciudadanía fiscalizadora, colaborativa y participativa, podemos estar eternamente vigilando al Estado para que no incremente su burocracia, y les deje a los ciudadanos, crear iniciativas para solucionar problemáticas locales.
El autor es miembro del Círculo Bastiat de la Fundación Libertad