Ante la posibilidad de afrontar situaciones emergentes de desastre, producto de los embates de fenómenos naturales o de otro tipo, surgen en el escenario personal y social una serie de interrogantes, sin respuestas. Sin embargo, la inquietud principal que hoy inspira este escrito, obliga a realizar el siguiente planteamiento: ¿Están preparados los habitantes de la República de Panamá para enfrentar el impacto de los diversos tipos de peligro que pueden afectar a la sociedad en su conjunto, ante una situación de desastre?
Todo parece indicar que no, según aseveraciones de algunos expertos y exdirectores del Sistema Nacional de Protección Civil, hace falta educar a la población para reducir los riesgos o situaciones de peligro; que de acuerdo con su origen pueden ser asociados a fenómenos naturales (geológicos, hidrometeorológicos, oceanográficos, entre otros) o a aquellos ocasionados por acción del hombre o Antrópicos (construcciones de todo tipo, transporte, contaminación, explotación de recursos naturales y más).
Los cuales deben ser parte y objeto de un tratamiento consecuente de una política de estado que se vincule de alguna manera a la gestión educativa y que esta a su vez coadyuve a viabilizar la posibilidad de enfrentarlos de la mejor manera, con programas educativos de prevención y reacción que contribuyan a la toma de decisiones asertivas ante una inminente situación de riesgo, desastre o emergencia.
Si bien, Panamá no tiene historia de sufrir los efectos de diversos fenómenos naturales asociados a las condiciones de vulnerabilidad de la población y sus medios de vida. No está exenta de sufrirlo, debido a la situación que genera el grado de precariedad en que viven algunos de sus pobladores, no solo por el tipo de materiales utilizados, sino por los métodos constructivos, la poca supervisión por parte de las autoridades correspondientes y por la carencia de una política de gestión de riesgo que mitigue la vulnerabilidad y que contribuya a la prevención de situaciones de riesgo.
La gestión de riesgo y su implementación efectiva cobra vigencia en los centros educativos debido a que si sus actores sociales, son conscientes del grado de vulnerabilidad de su entorno frente a los peligros naturales o
de cualquier tipo, asumirán el compromiso de desarrollar competencias para prevenir, evadir o enfrentar situaciones emergentes y de desastres que coadyuven a mitigar los daños colaterales.
Por ello, y producto de las lecciones aprendidas (terremoto de Bocas del Toro, huracán Otto, desbordamientos de quebradas y ríos, entre otros) la propuesta debe ser impulsar planes educativos para Gestión de Riesgo, que impliquen la adopción de medidas y acciones de capacitación para evitar que se generen condiciones riesgosas; acciones que conlleven a la de toma de decisiones oportunas para reducir las condiciones de vulnerabilidad ya existentes; y la práctica de ejercicios para la preparación y reacción ante situaciones emergentes; que permitan desarrollar sistemas de alerta temprana para estar dispuestos para enfrentar los diversos escenarios probables.
En síntesis, estas acciones deben formar parte de un macro programa de atención a situaciones de riegos y vulnerabilidad, en coordinación con los estamentos de seguridad afines e incluidos de forma efectiva dentro de los proyectos de gestión educativa que se desarrollen en el ámbito local, regional o nacional.
El autor es especialista en administración educativa.