Pueden llamarlos como quieran. Presos políticos, políticos presos, personas detenidas o como les dé la gana. El hecho cierto es que Venezuela vive una de las horas más tenebrosas de su historia. Centenares de compatriotas están privados de libertad en distintos sitios de reclusión.
Se trata desde retenes policiales hasta cárceles de conocida tradición, pasando por inmundos calabozos existentes tanto en Caracas como en muchas ciudades del interior del país. Debo incluir en este espacio a los cientos de ciudadanos en libertad condicional con buena parte de sus derechos civiles y políticos suspendidos de manera arbitraria.
Debería agregar a quienes no sienten condiciones mínimas de seguridad personal o jurídica, sin oportunidades de trabajo para desarrollarse plenamente, por lo que en consecuencia han buscado en el exterior lo que su patria debería garantizarles.
Normalmente cuando se habla sobre los presos en los medios de comunicación el acento se pone en los más emblemáticos. Es importante que así sea. La indignación que sentimos, por ejemplo, con los casos de Leopoldo López, Antonio Ledezma o Manuel Rosales, explica lo afirmado. Pero no son los únicos.
Ni siquiera los que están o han estado en peores condiciones. Unos con décadas de privación de libertad, otros medidos en quinquenios y la inmensa mayoría retenidos como rehenes de la dictadura por tiempo y circunstancias indefinidas. Mis palabras de hoy son para todos sin excepciones, pero quiero dedicar algunas en recuerdo y homenaje para aquellos que fueron mis compañeros en el Helicoide, en 2010, y todavía están allí o pagan penas injustas teniendo sus hogares como centros de reclusión.
Son muchos, pero debo citar entre ellos a los comisarios Guevara y a los comisarios y efectivos de la Policía Metropolitana, condenados a penas tremendas.
Es duro reconocer que la oposición fracasó en lo relativo al revocatorio o cualquier posibilidad de salida electoral. Pero resulta inaceptable el juego inmoral y tramposo del Gobierno con relación a los presos en cualquiera de sus modalidades.
Debemos levantar un gran movimiento nacional en defensa de la pisoteada Constitución y del respeto a los derechos fundamentales de toda persona humana. Retomar el camino de la legalidad mediante la vigencia plena de un ordenamiento jurídico sabio y estable, democrático y libertario, es tarea de primera importancia para quienes compartimos los valores que ello envuelve. El problema es que mientras exista el régimen actual, parece una tarea imposible.
El cambio es inaplazable. No podemos transarnos ni agotarnos en empeños circunstanciales que dejan desconsuelo, desconfianza o resignación pesimista.